Nunca hubo nada democrático en el FSLN

*Por Félix Maradiaga 

En el mundo actual, enfrentamos una grave amenaza a los cimientos de la democracia. Autócratas populistas, que rechazan el pluralismo y buscan un poder sin control para promover los intereses de sus seguidores, están socavando los principios de la democracia liberal. Desafortunadamente, esta tendencia sólo está empeorando. Nosotros, los nicaragüenses, sabemos por nuestra propia experiencia que el surgimiento de una dictadura en lo que alguna vez fue una democracia -por frágil que pudiera ser- es una tragedia humana. Las dictaduras no son una cuestión de mera clasificación política de los regímenes, o de mediciones en niveles de calidad institucional.

Las dictaduras, como el régimen de Ortega-Murillo, se basan en la violencia, la intimidación y la propaganda para mantener su control del poder, dejando a los ciudadanos impotentes y vulnerables. Sé por experiencia personal dolorosa que este tipo de regímenes está dispuesto a asesinar, torturar, violar, mentir, engañar y sobrepasar cualquier límite moral imaginable para mantener su poder. Sin embargo, el sistema internacional trata a estos regímenes con vacilación. Por lo tanto, comenzaré diciendo esto (si me lo permiten, en mi lengua materna): Las dictaduras no pueden ser tratadas con las mismas reglas diseñadas para la democracia. Si queremos salvar vidas y devolver la Esperanza, la Libertad y la dignidad a los pueblos oprimidos, se requiere una nueva forma de enfrentar las dictaduras. Esta debe ser una Guerra sin armas, donde se usen todas las herramientas de la diplomacia con todo su poder. De lo contrario, se afianzarán en el poder, burlándose del sacrificio y de la sangre de quienes lo han entregado todo.

Los primeros responsables de salir de las dictaduras son los propios ciudadanos. En el caso de Nicaragua, no hemos pedido a la comunidad internacional que resuelva nuestros problemas. Esencialmente, corresponde a los nicaragüenses luchar por nuestra libertad. Pero una vez más: si queremos salvar vidas, y devolver la libertad y la dignidad humana de los oprimidos, se requiere una nueva forma de enfrentar las dictaduras, una forma contundente, sin vacilaciones, expedita y cívica.

Nicaragua es un ejemplo claro de un país que, a pesar de lograr una transición democrática en 1990, retornó al autoritarismo de la mano del mismo FSLN.

Quiero enfatizar esto: nunca hubo nada democrático en el FSLN. Esta es la segunda dictadura del sandinismo. La primera dejó más de 35.000 muertos y una nación destruida.

El ADN del sandinismo es el mismo que el de los aparatos represivos de Cuba o Venezuela. Es el mismo ADN del perverso régimen de la Rusia de Putin o del partido comunista de China. El ataque a la libertad individual es parte de su naturaleza. La relación entre la libertad y las dictaduras es irreconciliable. No hay posibilidad de cohabitación ni de coexistencia. En términos políticos, es o dictadura o libertad. La timidez ante estos tiranos es la peor de todas las opciones.

En abril de 2018, los nicaragüenses mostraron que estábamos dispuestos a darlo todo por nuestra libertad. 

Las protestas masivas de 2018 y la posterior represión violenta del régimen de Ortega-Murillo han llevado a un fuerte ataque contra la oposición democrática en Nicaragua. El régimen ha encarcelado arbitrariamente a activistas, estudiantes, líderes de la oposición, periodistas y figuras religiosas, violando sus derechos humanos y políticos, y sometiendo a algunos a tortura. Si bien la liberación de 222 presos políticos por parte del régimen en febrero de 2023 es un paso en la dirección correcta, la privación de la nacionalidad y la confiscación de propiedad y activos de muchos de ellos es una grave violación de sus derechos. Lamentablemente, aún quedan docenas de personas encarceladas, incluido el obispo Rolando Álvarez.

Sin embargo, seguimos resistiendo. Como nicaragüense, conozco de primera mano la valentía y la determinación de nuestro pueblo, ya que hemos salido a las calles en protestas masivas, incluso arriesgando nuestras vidas. El régimen de Ortega-Murillo nos ha encarcelado, obligado a más del 15% de nuestra población al exilio y violado nuestros derechos humanos y políticos. A pesar de esto, seguimos luchando con aún más determinación para continuar esta lucha cívica hasta que Ortega y Murillo sean removidos del poder.

No obstante, para que nuestra lucha cívica y no violenta sea efectiva, el apoyo internacional es crucial. La responsabilidad de actuar contra las dictaduras y apoyar el establecimiento de gobiernos democráticos que protejan los derechos de sus ciudadanos recae en la comunidad internacional. Una comunidad internacional que a veces ha sido lenta y tímida, aunque también debemos reconocer algunos logros. Sin embargo, se puede hacer mucho más para aislar y deslegitimar a un régimen que debería haber sido derrocado hace mucho tiempo en sustitución de un gobierno que establezca libertades y procure justicia.

Un gobierno en el que no existan ciudadanos de primera o segunda clase, sin vínculos perversos con China, Irán y Rusia, con un sistema educativo no politizado, con libertad de prensa y donde ningún ciudadano deba ser obligado a dejar su propia tierra en contra de su voluntad. Un gobierno basado en el respeto a la dignidad humana y el derecho a la propiedad.

Eso es lo que merecen los nicaragüenses. No merecemos menos.

Hoy quiero abordar estas cuestiones y destacar un concepto de suma importancia: la sofisticación de las dictaduras. A lo largo de los años, he enfatizado este concepto, que se refiere a los métodos utilizados por las dictaduras para eludir las normas del sistema internacional. Nicaragua sirve como un caso de estudio, pero no es un incidente aislado.

He visitado Washington D.C. en numerosas ocasiones, de manera constante desde 2007, para elucidar los graves peligros que el regreso de Ortega al poder representaba para el pueblo de Nicaragua y toda la región. Sin ahondar en el pasado, es crucial reconocer que se emitieron advertencias sobre este potencial resultado durante años. Mi querida amiga Ileana Ros-Lehtinen, quien nunca vaciló en su discernimiento sobre estos regímenes, fue una de las pocas aliadas que prestó atención a nuestro mensaje de advertencia. También fui recibido por el congresista Mario Díaz Balart para explicar los fraudes electorales.

Por el contrario, poderosos grupos económicos, cabildeando aquí, trataron de convencer a otros de que Ortega había cambiado y ahora estaba colaborando estrechamente con el sector privado. Fue este lobby el que temporalmente logró evitar la aprobación de la Ley NICACT en su versión inicial.

Conocí a Ileana y a Eddy durante aquellos esfuerzos proactivos y visionarios para promulgar una ley que podría haber limitado las acciones de Ortega durante esos años. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cómo un régimen dirigido por un criminal, que había cometido previamente crímenes de lesa humanidad en la década de 1980, recibió el apoyo, o al menos la tolerancia, del sistema internacional?

Actualmente estamos enfrentando uno de los períodos más preocupantes en la historia de la democracia liberal, ya que está siendo desafiada por diversas formas de autocracia. A principios del siglo XXI, hubo un hito significativo en la política global. El número de democracias superó por primera vez al de estados autoritarios. Esta notable "tercera ola" de democracia generó un sentido de optimismo.

Sin embargo, este optimismo ha sido de corta duración. Los enemigos de la democracia liberal están intensificando sus ataques, contribuyendo al decimoséptimo año consecutivo de declive en la libertad global. Como he afirmado antes y en numerosas ocasiones durante los últimos quince años: Ortega es un remanente de la Guerra Fría. Ortega es nuestro asunto pendiente.

¿Por qué es esto? ¿Por qué la comunidad internacional tarda tanto en actuar?

Las dictaduras modernas, o "dictaduras 2.0", a menudo asumen la apariencia de partidos supuestamente elegidos por el pueblo, mientras sirven como aparatos político-militares que limitan las libertades manipulando los tribunales, parlamentos e incluso leyes diseñadas para abordar problemas sociales genuinos. 

En consecuencia, los grupos de oposición en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y Rusia, solo para nombrar algunos ejemplos, han enfrentado arrestos arbitrarios bajo cargos de terrorismo, amenazas a la seguridad nacional u otras acusaciones fabricadas. Los dictadores son conscientes de que el sistema internacional carece de respuestas rápidas a tales arrestos, por lo que los emplean cada vez más como herramientas de opresión.

La segunda herramienta a su disposición es de naturaleza tecnológica: la vigilancia, el espionaje y la utilización de las redes sociales para la manipulación y la propagación de noticias falsas.

A medida que estas autocracias se vuelven más sofisticadas, también recurren a las tácticas antiguas utilizadas por las tiranías del pasado. Es difícil recordar otro período en la historia reciente donde los defensores de los derechos humanos, los activistas y los políticos de la oposición enfrentaron un exilio y arresto tan generalizados. El encarcelamiento arbitrario sigue siendo una herramienta favorita de cada tirano. Cuando los grupos autoritarios no logran silenciar las voces disidentes a través de la censura o el robo flagrante de elecciones, recurren al asesinato, el encarcelamiento o el exilio forzado.

En Nicaragua, la última fase de la represión de Ortega se ha centrado en la persecución de la Iglesia Católica. Es imperativo afirmar sin ambigüedades que la persecución religiosa existe en Nicaragua hoy.

Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar para abordar estos desafíos?

En nuestro esfuerzo colectivo por desmantelar las dictaduras y fomentar la democracia, es fundamental que la comunidad internacional tome acciones decisivas y efectivas. Entre la gama de estrategias disponibles, las sanciones económicas y políticas surgen como herramientas vitales en esta búsqueda. El primer y más importante objetivo es hacer que la comunidad internacional entienda que estos regímenes, al no ser democracias, no pueden ser tratados como tales. Por lo tanto, debe haber un tratamiento para lo que son: dictaduras. Esto implica que regímenes como el de Ortega-Murillo en Nicaragua no deben ser reconocidos como legítimos, ya que no son el resultado de elecciones libres. Es decir, deben ser aislados y deslegitimados.

Además, al imponer sanciones integrales, podemos ejercer una presión significativa sobre el régimen en cuestión. Medidas como congelar los activos de los líderes del régimen e imponer restricciones de viaje a los funcionarios gubernamentales crean obstáculos que dificultan su capacidad para mantener un firme control sobre el poder. Esas medidas deberían ser una base.

Al mismo tiempo, apoyar a los grupos de oposición dentro de Nicaragua y en el exilio es otra acción fundamental. Estas entidades valientes sirven como contrapeso al régimen y desempeñan un papel crucial en movilizar y galvanizar un movimiento por el cambio. Es responsabilidad de la comunidad internacional proporcionarles los recursos necesarios, incluyendo financiamiento, capacitación y otras formas de apoyo, para fortalecer sus esfuerzos en defensa de los principios democráticos.

Por nuestra parte, la responsabilidad de la oposición es estar lo más unida y coordinada posible. Los grupos de oposición deben estructurarse como una oposición razonable, con toda la capacidad para ser una verdadera alternativa al poder. Esto implica tener una portavocía o un grupo colegiado bien definido que la comunidad internacional pueda reconocer como un punto de contacto.

La oposición también debe tener una visión de un país que ofrezca esperanza al mayor número posible de personas, incluidas aquellas personas marginadas, principalmente los pobres y socialmente excluidos que en algún momento del pasado creyeron en el sandinismo por cualquier razón. Debemos mostrarles que la democracia y la libertad no son una de las opciones, sino la única opción compatible con la dignidad humana.

Una oposición sin estas características no obtendrá el apoyo internacional tan vital para el retorno a la democracia.

Otra característica es que la oposición debe tener estrechos vínculos con un movimiento de resistencia interno dentro del país. Los movimientos de oposición no pueden limitarse a hablar solo con aquellos grupos en el exilio, como suele ser el caso. El objetivo principal de toda acción política son aquellos que aún están dentro del país.

Además, se deben aprovechar los canales diplomáticos para aplicar presión sobre el régimen, obligándolos a liberar a los presos políticos y mantener los estándares de derechos humanos.

En conclusión, aunque el camino hacia la democracia a menudo resulta arduo y desafiante, nuestro compromiso de defender los derechos humanos y proteger a los ciudadanos de la opresión y la violencia sigue estando firme.

* Intervención de Félix Maradiaga durante la  “Serie de exposiciones de líderes latinoamericanos”, impulsada por la excongresista Ileana Ros-Lethinen.