Diálogo entre la sospecha y la esperanza... ¿Hacia dónde vamos?

En toda negociación los involucrados deben estar dispuestos a obtener y ceder para llegar a un lugar distinto al que iniciaron. El régimen cuenta con el poder de las armas, pero en contraposición una alta deslegitimidad social y aislamiento internacional. La Alianza Cívica acude a la cita con apoyo legítimo, pero no consensual ni homogéneo.

El reinicio de las conversaciones entre miembros de la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega, previsto para este miércoles 27 postró a la sociedad nicaragüense bajo un profundo dilema. Sin saber claramente qué obtener como resultado de esta nueva ronda, las percepciones parecen oscilar entre la sospecha y la esperanza.

No es de sorprender que la reaproximación sea vista bajo extrema sospecha. El contexto está lejos de ser el mismo de finales de abril de 2018, cuando los integrantes de la Alianza Cívica, entre ellos líderes univesritarios, feministas y representantes del movimiento campesino enrostraron su rechazo a Ortega exigiendo el fin de la represión que consumía las calles del país.

Hoy los actores se sientan a conversar en nombre de una sociedad sumergida en el dolor frente a la falta de justicia por más de 300 asesinatos sin aclarar y al menos 500 presos políticos sobre quienes se imputan juicios sumarios bajo clara violación a sus derechos humanos. Reiniciar las conversaciones sin que haya cambiado un centímetro en ambos aspectos es motivo de dudas sobre el alcance de esta nueva negociación y los intereses de los actores.

Pero en toda negociación los involucrados deben estar dispuestos a obtener y a ceder para llegar a un lugar distinto al que iniciaron, y para intuirlo, es necesario comprender las condiciones con la que todos llegan a la reunión. Como ya es sabido, el régimen de Ortega cuenta con el poder de las armas, una base debilitada y el control sobre todas las instituciones del Estado, pero en contraposición una alta deslegitimidad social, claro aislamiento internacional y la amenaza de mayores sanciones por parte del gobierno Trump.

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Y la Alianza Cívica acude a la cita con apoyo legítimo, pero no consensual ni homogéneo. Diversos sectores sociales cuestionaron la disposición de la Alianza de sentarse nuevamente con Ortega, sin que aún se hayan liberado a los presos politicos y no exista justicia ni reperación sobre los asesinatos. Sin embargo, lejos de ser un problema, la falta de consenso es un distintivo social. Diferente de la disciplina del mercado o de la configuración estatal, la sociedad no es homogénea y se caracteriza por muchas disputas internas que colocan eternos problemas a la representación.

En parte, esto explica los cuestionamentos arrojados sobre los integrantes de la comisión negociadora de la Alianza,  y a su vez expresa cuánto hemos madurado como sociedad a punta de golpes y el trauma vivido recientemente. Que los miembros de la Alianza sean cobrados, cuestionados y observados con extrema atención es saludable para el crecimiento democrático tan urgente para Nicaragua. Al final de cuentas, los negociadores de la Alianza asumieron un compromiso en nombre de la sociedad, sean reconocidos o no por ésta. Y es a ella a quien le deben explicaciones.

Esto pone una evidente presión a la efectividad del diálogo para alcanzar acuerdos sobre la agenda determinada alrededor de los asesinatos a civiles y presos políticos.

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Y aquí es donde reside la porción de esperanza que ponemos sobre este proceso los que aún creen que el país puede encontrar una salida institucionalizada para superar la crisis. Nicaragua no merece repetir las escenas de horror armado que espantaron en 2018, y en su lugar, será necesario definir una hoja de ruta que conlleve a la reparación de los crímenes, apoyo a las víctimas, libertad a los presos, fin de la persecusión y acoso, además de una transición institucional para recuperar el camino democrático que mal conseguimos ensayar.

Sin duda se trata de una agenda demorada que contrasta con la urgencia del dolor que Nicaragua demanda. Pero será necesario apostar por ella bajo el mecanismo institucional que acorrale al régimen, evidencie nuestra vocación democrática y recupere el bienestar de las víctimas. Todo ello sólo pasa por una sociedad muy atenta, que critique y cobre adecuadamente a sus representantes. Es decir, ejerciendo una saludable práctica política que nunca debimos haber abandonado.

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Nota: El presente artículo es responsabilidad exclusiva de su autor. La sección Voces es una contribución al debate público sobre temas  que nos afectan como sociedad. Lo planteado en el contenido no representa la visión de Despacho 505 o la de su línea editorial. La publicación  no significa que este medio valide los argumentos o considere las opiniones como cierta.