El despojo territorial de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua

Por Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +

Los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua han sido históricamente víctimas del racismo estructural e institucional expresado en la discriminación, la falta de respeto y de protección a sus tierras y territorios ancestrales fundamentales para su seguridad alimentaria, la preservación de su subsistencia y su desarrollo como pueblos.

Actualmente, los pueblos indígenas continúan siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos debido a la estrategia estatal de colonización interna con el objetivo del despojo territorial, lo que incrementa la violencia y ataques constante en contra de comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. 

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A pesar de que el Gobierno de Nicaragua ha demarcado, titulado y otorgado títulos de propiedad comunal a los 23 territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, este ha incumplido con la culminación del proceso de saneamiento de los territorios de acuerdo con lo establecido en la Ley 445 sobre el régimen de propiedad comunal, lo que ha generado graves conflictos territoriales entre indígenas y personas tomadoras de tierra, a los que ellos denominan “colonos”, que han invadido sus territorios con la aquiescencia y complicidad de las autoridades estatales.

Sumado al conflicto territorial, el actual Gobierno ha implantado autoridades paralelos a las legalmente electas como estrategia de manipulación estatal con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado para la aprobación de megaproyectos que afectan directamente sus territorios tradicionales.  

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en febrero de 2022 reportó al Consejo de Derechos Humano la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas y afrodescendientes entre conflictos armados, ataques violentos en sus territorios; además de la creación de autoridades paralelas afines al Gobierno con el objetivo de garantizar concesiones de megaproyectos sin realizar una verdadera consulta para alcanzar el consentimiento libre, previo e informado de proyectos que afectan sus territorios a como lo establece la Ley 445 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, el cual Nicaragua ha ratificado. 

Frente a la falta de garantías y protección judicial y las violaciones a los derechos territoriales, la libre determinación y a un medio ambiente sano, el pueblo indígena Rama y Kriol y la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB) recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la falta de consulta para alcanzar el consentimiento libre, previo e informado con relación al megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN) aprobado en el año 2013 por medio de la Ley 840. Además de incumplir con una debida consulta, ha incumplido con el saneamiento territorial, ha impuesto estructuras paralelas a sus autoridades electas legalmente, y ha violado la integridad física y psicológica de defensoras –lideresas, dirigentes y autoridades- de derechos humanos de pueblos indígenas manteniéndolas en constante amenazas, hostigamiento y criminalización.

Sin embargo, el Gobierno nicaragüense finge demencia ante los constantes hechos de violencia producidos por la ocupación ilegal y despojo de territorios indígenas los que deja lamentables consecuencias como asesinatos de líderes, mayor pobreza en las comunidades, severo riesgo de seguridad alimenticia desencadenando desplazamiento forzado de miles de mujeres, niños y niñas. Lejos de encontrar una solución a los problemas estructurales, el Gobierno a través de su política represora discrimina e invisibiliza la grave situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, incurriendo de esta manera en malos tratos y hasta actos que llegan alcanzar el lumbrar de la tortura en contra de estas poblaciones, incluyendo a quienes defienden sus derechos.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) reveló a través de uno de sus más recientes informes, que las comunidades indígenas de Nicaragua viven bajo tortura, masacres, asesinatos de sus lideres y desplazamiento forzado, situación que es del conocimiento del Estado, el cual ha fallado gravemente en proteger a las comunidades y frenar el conflicto interno de invasión de territorios indígenas, a través de una política estatal de promover la colonización en la Costa Caribe, convirtiéndose los pueblos indígenas de esta manera en una minoría en sus tierras ancestrales.

Diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, han denunciado los asesinatos, torturas, abuso sexual, desapariciones, secuestros, detenciones ilegales y amenazas de las que han sido víctimas los pueblos indígenas y afrodescendientes a consecuencia del conflicto territorial, además de la estigmatización, hostigamiento, persecución y exilio de autoridades, lideresas y activistas de derechos humanos debido a la defensa del medio ambiente y los derechos territoriales. 

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Debido a la incansable denuncias que realizan organizaciones que por décadas han brindado asistencia legal a poblaciones indígenas y afrodescendientes, como el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), han sido despojadas de su personería jurídica, sus miembros han sido atacados, amenazados y perseguidos, algunos inclusive han tenido que recurrir a solicitar protección internacional ante instancias internacionales y otros se han visto forzados a abandonar el país para salvaguardar sus vidas y la de sus familiares. Este hecho agrava aún más la desprotección de las poblaciones indígenas y afrodescendientes del país al no poder acudir a ninguna instancia u organización que les brinde protección a sus derechos fundamentales. 

De acuerdo con datos de organismos de derechos humanos de pueblos indígenas y de la sociedad civil, en el año 2021 al menos 13 personas indígenas habrían sido asesinadas y 8 heridas de gravedad producto de la violencia en las comunidades por la invasión de colonos o tomadores de tierra quienes actúan con la aquiescencia de las autoridades del Estado. La CIDH ha registrado desde el año 2011 al 2021, al menos 61 indígenas asesinados, 49 indígenas lesionados de gravedad, 46 secuestros y cuatro personas desaparecidas, así como 3,000 personas indígenas desplazada de su territorio.

En el actual contexto nicaragüense, buscar justicia por los abusos y violaciones a los derechos humanos se hace una tarea abrumadora si se tiene en cuenta los altos niveles de impunidad y la exarcerbada represión estatal desde el estallido social del 2018 para callar a cualquier voz crítica en contra del gobierno.

Nota: El presente artículo es responsabilidad exclusiva de su autor. La sección Voces es una contribución al debate público sobre temas  que nos afectan como sociedad. Lo planteado en el contenido no representa la visión de Despacho 505 o la de su línea editorial. La publicación  no significa que este medio valide los argumentos o considere las opiniones como cierta.