Negociación con la dictadura requiere reactivar resistencia pacífica ciudadana

Es positivo y esperanzador que se esté abriendo la opción de un diálogo para negociar una salida a la gravísima crisis política, social y económica por la que atraviesa Nicaragua, pero su éxito dependerá de que se reactive la resistencia pacífica de la ciudadanía.

Este hecho trascendental, anunciado este sábado, tomó por sorpresa a los nicaragüenses, porque fue secreto, a espaldas de la ciudadanía, por iniciativa de los grandes capitalistas financieros del país que durante una década fueron socios de Daniel Ortega.

El secretismo con que se llevó a cabo este encuentro entre Roberto Zamora (Grupo Lafise); Carlos Pellas (Grupo Pellas); Ramiro Ortiz M. (Grupo Promerica-Banpro); Juan B. Sacasa (BDF); y José Antonio Baltodano (CISA) con los Ortega-Murillo, de inicio ha provocado gran suspicacia. Se hicieron acompañar de dos obispos de la iglesia católica, el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Waldemar Stanilaw Sommertag.

Si incluso en guerras armadas en las que uno de los bandos tiene al borde de la derrota al enemigo, se requiere un escenario de diálogo para negociar el desenlace, con mucha mayor razón cuando la lucha azul y blanco ha sido pacífica como ha ocurrido en Nicaragua gracias a la resistencia no violenta de la ciudadanía. El diálogo, pues, es indispensable, sin embargo, hay quienes sostienen que con una dictadura no se negocia. Craso error.

La iniciativa de intentar reabrir el diálogo conversando directamente con los principales cabecillas de la dictadura, no fue comunicada a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) --la fuerza unitaria más representativa de la sociedad nicaragüense que desconoce como gobierno a los Ortega Murillo y los condena por asesinos, violadores de derechos humanos y corruptos--. La integran más de 60 organizaciones.

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Sin embargo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –a la que pertenecen los grandes empresarios--, miembro de la Unidad, y que fue la contraparte del diálogo que se intentó en mayo pasado, saludó el hecho, al igual que internacionalmente lo hicieron la OEA, la ONU, la Unión Europea y el gobierno de EE. UU.

El orteguismo, que se ha caracterizado por una mentalidad guerrerista, militarista, confrontativa y autoritaria, está aferrado al poder, pese al aislamiento nacional e internacional que concitó su criminal respuesta a la insurrección cívica que inició el 18 de abril del año pasado, que incluyó una matanza de más de 300 personas, miles de heridas y 760 secuestradas, algunas de ellas judicializadas. El GIEI lo imputa de delitos de lesa humanidad.

La noticia del encuentro de lo más selecto de la burguesía financiera con Daniel Ortega y Rosario Murillo, produjo algo así como alborotar un avispero en organizaciones populares que integran la UNAB, como la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), entre otras, que emitieron sendos comunicados distanciándose de la iniciativa de los banqueros.

Estas organización, al igual que la Asociación de Madres de Abril (AMA) y el Comité pro Libertad de las de Presas y Presos Políticos, establecieron precondiciones para cualquier intento de diálogo, entre ellas: libertad a las presas y presos políticos, cese de la represión (lo que implica el restablecimiento de los derechos y libertades ciudadanas, como organización, movilización y expresión; y el retorno de los exiliados) y regreso al país de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otras.

Contrario al frustrado diálogo de mayo, esta vez la demanda debería ser solo una: elecciones libres adelantadas. Esto sería suficiente porque la actual correlación de fuerzas (7 de cada 10) favorable a los azul y blanco, implicaría un resultado demoledor que sacaría del poder a la familia Ortega-Murillo y sus allegados. Estos lo saben, pero cada día están más ahogados políticamente y se cierne sobre ellos un conjunto de implacables sanciones de distintas fuentes internacionales, al mismo tiempo que la economía se desliza hacia su colapso. No obstante, no hay que descartar que se trate de una nueva maniobra del orteguismo para ganar tiempo, como lo hizo en mayo.

No debería preocupar que se inicie un diálogo con la dictadura, al contrario, debe verse con optimismo porque no hay otra opción para resolver los graves problemas. Las condiciones básicas como las que demanda el movimiento popular, deben ponerse sobre la mesa al comienzo de las negociaciones para que estas puedan iniciar en un ambiente de seriedad y que inspire confianza en la población.

Quienes sean nombrados negociadores ante la dictadura, llevarán un enorme déficit: desde el 28 de octubre pasado en que el régimen criminalizó las marchas y todo tipo de protesta, la resistencia pacífica de la ciudadanía cayó a bajísimos niveles y solo se expresa en actividades esporádicas y aisladas de pequeños grupos de jóvenes o acciones individuales.

Un error del movimiento popular ha sido no ocuparse de manera beligerante en crear las condiciones para reactivar la resistencia pacífica de la ciudadanía, no en actividades masivas, porque serían blanco de la represión, sino desde perspectivas innovadoras y creativas.

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Favorece a la dictadura que, de iniciarse las negociaciones, el movimiento popular esté prácticamente silenciado en las calles debido al temor, más bien horror, generado por la represión extrema que ha llevado a la población a vivir en una situación similar a la de un Estado de Sitio y Ley Marcial no declarados y bajo medidas de terrorismo de Estado.

Hasta hoy no ha sido posible reactivar la resistencia pacífica de la ciudadanía porque la dictadura logró imponer un bloqueo despiadado del que, obviamente, se puede salir, pues ninguna lucha de la historia se ha hecho porque contó con el permiso de la tiranía, sino pese a ella, burlándola, evadiéndola, mediante nuevos enfoques y metodologías. Urge, pues, que las negociaciones con el régimen orteguista que vayan a comenzar, cuenten con la fuerza y el respaldo del protagonismo ciudadano en diversas acciones y actividades de protesta y de lucha en todas las ciudades y el campo. Sin la participación popular, no habría una negociación que realmente obedezca a los intereses de las mayorías.

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