EDITORIAL | El miedo de la dictadura a Rolando Álvarez

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha arreciado su guerra contra los líderes de la iglesia Católica sin importarle el alto costo político que eso implique, lo que demuestra una estado de locura total, como nos lo dijeron recientemente fuentes cercanas al clero nicaragüense. Primero fue el exilio de monseñor Silvio Báez, le siguieron las profanaciones de templos, la quema de la venerada imagen de la Sangre de Cristo, y las expulsiones del Nuncio Apostólico, Waldemar Stanisław Sommertag, y las religiosas de la Orden Madre Teresa de Calcuta.

El último ataque, y el más grave de este año, es el que han dirigido en contra de monseñor Rolando Álvarez, el obispo de la Diócesis de Matagalpa capaz de movilizar a todo el Norte de Nicaragua y quien cuenta con el respaldo de todo un país por decir la verdad y denunciar los abusos de poder que cometen Ortega y Murillo, cosa que no hacen otros obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que tristemente se han plegado al régimen como monseñor René Sándigo, en León.  

A lo largo de esta semana vimos cómo el régimen decidió mostrarse implacable con el obispo. Le canceló casi una decena de radio de la Diócesis de Matagalpa y convirtió la Curia de esa ciudad en un cuartel con el objetivo de impedir su salida. Lo que no esperaban ellos, porque los nicaragüenses sí, era el desafío del jerarca católico quien salió, el jueves 4 de agosto, con el Santísimo en una procesión espontánea: se arrodilló y alzó los brazos, y pidió paz y libertad para profesar la fe. 

Un día antes, el miércoles en la noche, desde su púlpito en la Catedral de Matagalpa, interpeló al régimen y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicación (Telcor) por el cierre de sus radios: (...) si no tienen la razón que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren, a propósito, cerrar nuestros medios de comunicación”. Los días siguientes aumentó la persecución y fue notable la inconformidad de los matagalpino por las injusticias del régimen contra su obispo. 

Ortega y Murillo han llegado al extremo de creer que ellos son la palabra de Dios y que la Iglesia que representan los obispos Álvarez y Báez es más de fariseos que de Cristo. Pero no, Ortega y Murillo son los fariseos, y Rolando Álvarez se ha convertido en la voz de la Nicaragua que sufre desde 2018 los embates de una dictadura que ha superado a la más cruel que conocíamos, la de los Somoza.  

A la dictadura bicéfala poco le importa que la Constitución Política establezca en su artículo 29 que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia”. Es decir, de nuevo violan nuestra Carta Magna. 

Los hechos de la noche de este viernes, el anuncio de la Policía Orteguista de una investigación en contra de Rolando Álvarez, ya nos lo esperábamos desde el mediodía de ayer cuando Rosario Murillo amenazó con cárcel a quienes infrinjan leyes y llegó hablar de un delito que sólo existe en su cabeza: “Provocar el rechazo es pecado de lesa espiritualidad”. Casi en simultáneo, los diputados serviles al régimen, Wilfredo Navarro y Carlos Emilio López, acusaron al Obispo de Matagalpa de incitar a la violencia: “No está por encima de la ley” y “su sotana no le da impunidad”, dijeron. 

Las advertencias se concretaron la noche de ayer al incrementarse el asedio policial en la Curia de Matagalpa. Después, la oficiosa Policía Orteguista emitió un comunicado en el que acusó a Álvarez, tomándose atribuciones de la Fiscalía, de organizar grupos violentos, y por lo tanto le decretó casa por cárcel. Estos hechos, como lo dijimos al principio de este Editorial, demuestran la desesperación del régimen porque se siente amenazado por la figura de un sacerdote que les ha plantado cara desde abril de 2018. 

¿Qué crimen le imputarán a Rolando Álvarez? ¿El de lesa espiritualidad? Si es así tendrán que reformar el Código Penal o se lo inventa el Ministerio Público porque no existe tal cosa en nuestro sistema jurídico. Lo que sí existe es una persecución vergonzosa y sucia del régimen en contra del pueblo católico nicaragüense y sus pastores, como Álvarez y otros sacerdotes que valientemente denuncian las violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario. 

Igualmente vergonzosa es la posición de la Arquidiócesis de Managua, la Conferencia Episcopal de Nicaragua y del mismo papa Francisco. Les ha faltado contundencia en sus comunicados y en otros casos, como el del Vaticano, el silencio es cómplice. Mostrar cercanía con Álvarez, como lo expresó el cardenal Leopoldo Brenes la noche del viernes, no es suficiente en momentos difíciles. 

¿Hasta dónde les llevará el miedo que les provoca la figura de Rolando Álvarez? 

La guerra desatada en contra de Álvarez por considerarlo un fuerte adversario, está haciendo que la dictadura cave su propia tumba.

Hay una inconformidad nacional por lo que está viviendo el obispo, quien tiene un fuerte tendido de seguidores. Se solidarizan con él todos los sectores sociales del país y organizaciones religiosas y no religiosas de América. Estamos seguros de que si Ortega y Murillo osan atentar contra la vida de monseñor Rolando Álvarez se encontrarán de nuevo con un malestar ciudadano como en abril de 2018.

Se les olvida a Daniel Ortega y Rosario Murillo aquella expresión pronunciada por el papa Juan Pablo II la noche del 4 de marzo de 1983 en Managua: “La primera que quiere la paz es la Iglesia”.