Seis claves sobre la deportación de beneficiarios de parole ordenada por Trump

El presidente Donald Trump ha dado a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el poder de deportar rápidamente a los inmigrantes que la administración Biden les permitió ingresar a Estados Unidos bajo distintos programas, entre ellos el parole humanitario.

La nueva disposición del presidente de Estados Unidos fue ordenada en un memorándum interno, filtrado al periódico The New York Times.

1. Hoja de ruta para deportación rápida:

El jefe interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), firmó una hoja de ruta para que los funcionarios de ICE utilicen poderes expansivos que durante mucho tiempo estuvieron reservados solo para los encuentros en la frontera sur para expulsar rápidamente a los inmigrantes.

Ahora los funcionarios tendrán la capacidad de expulsar a los migrantes que ingresaron bajo el programa parole humanitario y de reasentamiento. Ambos programas permitieron el ingreso temporal de más de un millón de personas desde inicios de 2023.

2. Trump usará todo tipo de mecanismo para deportar:

El mandatario republicano intentará usar todos los mecanismos legales migratorios para acabar con un sistema que, según él, ha sido abusado por mucho tiempo. La decisión también parece ir en contra no solo de aquellos que cruzaron la frontera de forma irregular, sino también a aquellos que usaron vías previamente autorizadas para ingresar.

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La hoja de ruta suscitó el temor en una gran cantidad de inmigrantes, principalmente de aquellos que pensaban que ya estaban legalmente y ahora temen regresar a sus países de origen sumidos en crisis.

3. Programas migratorios fuertemente criticados

La aplicación del parole humanitario y el uso de la aplicación CBP One, que permitía el ingreso ordenado de inmigrantes a los Estados Unidos, recibió críticas de los republicanos durante la administración de Joe Biden, quien fue acusado de fomentar la migración irregular bajo programas gubernamentales.

Bajo el estatus legal temporal conocido como “libertad condicional”, los migrantes recibieron un permiso de hasta dos años de permanencia temporal en el país. 

4. ¿Programas son ilegales?

Un funcionario del DHS que pidió no ser identificado, habló con The New York Times y explicó que las medidas implementadas por Trump son porque el gobernante tiene la creencia que los programas de Biden nunca fueron legales y que los migrantes que se encuentran en el país "ilegalmente" deben ser expulsados rápidamente.

El periódico señala que alrededor de 1,4 millones de migrantes ingresaron al país a través de los dos programas desde principios de 2023 cuando se implementó el parole humanitario para los migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Así como la puesta en marcha de la CBP One para los migrantes que se encontraban en la frontera entre México y Estados Unidos.

5. El arquitecto de las políticas migratorias

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca pertenece a la línea dura de Trump, él ha dejado claro en reiteradas ocasiones que se opone a los programas parole humanitario y CBP One, quien en septiembre pasado sugirió que los inmigrantes en condición irregular no fueran enviados en aviones a pequeñas ciudades.

Para deportar rápidamente a los inmigrantes que están en este proceso que puede tardar años ante las autoridades, los funcionarios de ICE podrían retirar la libertad condicional para acelerar sus deportaciones.

Esta medida causa preocupación entre los exfuncionarios de la administración Biden porque ciudadanos de Afganistán y Ucrania podrían ser deportados de forma exprés a sus países de origen.

El memorando también proporciona a los funcionarios del ICE la capacidad de identificar a aquellos que han estado en el país bajo un programa temporal pero han permanecido más de dos años para procedimientos formales de deportación, según el Times.

6. Impugnación de los poderes de deportación acelerada

Ante las ordenes ejecutivas de la administración Trump, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (conocida por las siglas ACLU) ha llevado una impugnación contra los poderes de la deportación acelerada ante un tribunal federal de Washington.

La demanda que fue presentada el pasado miércoles (dos días después que Donald Trump asumiera el poder), sostiene que la decisión viola la ley federal.

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La administración Trump quiere usar esta política ilegal para impulsar su agenda de deportaciones masivas y destrozar comunidades, denunció el abogado Anand Balakrishnan de la ACLU.

“Ampliar las deportaciones aceleradas le daría a Trump una clave para burlar el debido proceso y la Constitución, y nuevamente estamos aquí para luchar contra eso”, aseguró.