España ha otorgado asilo político a 2.614 nicaragüenses y más de 8 mil esperan resolución

España ha concedido asilo político a 371 nicaragüenses este año, lo que eleva a 2.614 la cantidad de solicitudes aprobadas desde el inicio de la crisis desatada por la represión del régimen de Daniel Ortega en el 2018.  

Las solicitudes de protección internacional presentadas por nicaragüenses en España entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año ya superan a todas las presentadas en 2022, según datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.  

A septiembre de este año, España recibió 2.159 solicitudes de asilo de nicaragüenses que llegan huyendo de la crisis sociopolítica y económica que impera en el país. En todo el año 2022, el Ministerio del Interior español reportó 2.118 solicitudes. 

Los datos reflejan un incremento en la llegada de nicaragüenses a España tras la caída de un 45% en las solicitudes de asilo registradas el año pasado, respecto a 2021. 

MÁS DE 8 MIL ESPERAN UNA RESOLUCIÓN 

Desde el inicio de la crisis sociopolítica del año 2018, las oficinas de Extranjería en España han recibido un total de 19.248 peticiones de asilo de nicaragüenses.  

De ese total, 7.796 peticiones habían sido rechazadas hasta el 30 de septiembre pasado. Los datos indican que 74 de cada 100 peticiones respondidas reciben una resolución desfavorable por no sustentar efectivamente los casos.  

Hasta ahora, unos 8.328 nicaragüenses esperan una resolución a sus peticiones de asilo.

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El beneficio de asilo político en España permite a las personas que lo reciben obtener residencia y permiso de trabajo permanente y la expedición de nuevos documentos de viaje. Los beneficiarios no pueden volver a su país de origen a menos que presenten una solicitud de retorno voluntario.  

Interior explica que los asilados tienen derecho al “acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración, en las mismas condiciones que los españoles”.