Enjuiciar a sacerdotes y confiscar a la Iglesia, la nueva amenaza de la dictadura

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amenazó a la iglesia Católica con juzgar a los sacerdotes y confiscar sus bienes por supuestamente haber participado en lo que llama un "intento de golpe de Estado" en 2018. La advertencia fue también para los directores de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Ahora el orteguismo se dispone a reformar el Código Penal para aumentar las penas de cárcel.

Este miércoles, los diputados de la Asamblea Orteguista, mediante la aprobación de un informe de consulta a supuestas "víctimas del intento de golpe de Estado" acordaron revisar las leyes penales del país para extender la represión a jerarcas católicos que hasta ahora no habían sido llevado a la justicia, pese al constante discurso de odio de Ortega y Murillo.

Dicho informe fue aprobado con 77 votos de los legisladores al servicio de la dictadura y sus aliados y 11 votos de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en contra. El documento asegura que la consulta a las leyes penales del país se hizo para analizar "la eficacia del sistema penal para castigar delitos de odio, traición a la patria y ciberdelitos".

El análisis de los orteguistas menciona que “las víctimas pidieron que las penas sean más severas” para los supuestos delitos que señalan y demandaron “justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista''.

Según los diputados del régimen, los consultados expresaron que “en el carácter en que cometieron los (supuestos) delitos (los sacerdotes) no fue como pastores ni representantes de Cristo, ni para proteger los derechos humanos, sino de manera personal con saña y odio a la militancia sandinista y a personas relacionadas con el Gobierno y por eso deben ser juzgados y sus comunidades y organizaciones deben ser investigadas”.

LEA TAMBIÉN: Régimen se autoconsulta para justificar inminente cacería contra religiosos y defensores de DD.HH.

El régimen se prepara para reformar el artículo 409 para adicionar la “extinción de dominio'', léase confiscación de bienes, como pena accesoria para los condenados que “utilizaron u obtuvieron bienes en la comisión de delitos de traición a la patria, que comprometen la paz, contra la Constitución política y  a los que fueron beneficiados con bienes del estado”.

Asimismo, reformarán el artículo 410 del Código Penal en el delito de menoscabo a la integridad nacional aumentando la pena de 15 a 20 años de cárcel. Otra reforma que están impulsando es el artículo 147 del mismo Código que establece la obligación de “guardar reserva al citado o  entrevistado”.

La dictadura ha ilegalizado a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos que existían en el país, sin embargo, ahora amenaza a los directores de esos organismos, pese a que la mayoría se han visto obligados a exiliarse para resguardar su libertad.

LEA TAMBIÉN: Jornada de exterminio de oenegés: diputados cancelan 50 personerías jurídicas

Ante tales amenazas, la presidenta del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, dijo a DESPACHO 505 que personalmente no se siente aludida porque, en primer lugar ella no es directora del Cenidh sino presidenta, además "nunca he participado en ningún intento de golpe de Estado, mi trabajo siempre ha sido defender derechos humanos".

La defensora señaló que el régimen trata de intimidarlos pero "no nos van a callar, vamos a seguir defendiendo los derechos humanos y condenamos la cancelación de las personalidades jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil".

Los consultados por los diputados orteguistas para impulsar las reformas a las leyes penales fueron la Procuraduría General de la República (PGR), Policía, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), La Procuraduría de Derechos Humanos. También la UNAN, el CNU, y representantes de los CPC de Diriamba, Jinotepe y Granada.