Unión Europea da “visto bueno” a sanciones contra el régimen de Daniel Ortega

Los embajadores de los 28 países europeos se mostraron a favor de crear un marco jurídico para la aplicación de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos y el socavamiento de las instituciones democráticas en el país.

Los países de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles su “visto bueno” a la creación de un marco jurídico para la aplicación de sanciones a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, por las graves violaciones de derechos humanos documentadas desde abril de 2018 y el socavamiento de las instituciones democráticas en el país.  

La información fue confirmada por fuentes diplomáticas a la agencia de noticias AFP, quienes indicaron que ahora Consejo de la UE deberá confirmar formalmente las sanciones.  

“Los embajadores de los 28 países europeos se mostraron a favor de crear este marco de sanciones, que por el momento no incluirá personas sancionadas, por la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, habían indicado estas fuentes antes de su reunión de este miércoles. 

Los miembros del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER) ante el Consejo de la Unión Europea, dieron su visto bueno a la creación del marco jurídico para la aplicación de las sanciones en una reunión este miércoles en Bruselas, mecanismo que aún tendría que ser confirmado por el plenario del Consejo de la Unión Europea, en la siguiente reunión de ministros de Exteriores, el próximo mes, indicaron fuentes europeas.

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A mediados de julio, después de la liberación de presos políticos bajo la Ley de Amnistía, la Unión Europea expresó su disposición de “usar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis”. 

Esta posición fue ratificada recientemente por el nuevo embajador de la Unión Europea en Nicaragua.  

La posición de la Unión Europea respecto a la crisis en Nicaragua “no ha cambiado”, fue el primer mensaje que Pelayo Castro Zuzuárregui, como nuevo embajador, transmitió a las autoridades del régimen de Daniel Ortega. 

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El diplomático planteó la necesidad de que se garantice la rendición de cuentas por todos los delitos cometidos desde abril de 2018, “independientemente de quiénes sean sus autores” y pidió a las autoridades permitir el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).  

“No es posible una reconciliación mientras no se establezca un diálogo nacional transparente, integrador y constructivo entre todas las partes implicadas y mientras no haya justicia para todas las víctimas”, enfatizó el embajador.  

FALTAN SANCIONES EUROPEAS 

Desde el inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, desatada por la represión orteguista a las protestas ciudadanas contra el régimen, al menos 10 funcionarios han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá, al señalarlos de ser los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, la democracia y por cometer actos de corrupción.  

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) llamó a la Unión Europea a “aumentar” la presión sobre Daniel Ortega, mediante la imposición de sanciones y el retiro de apoyo a la Policía, que es señalada como el principal brazo represor. 

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En una carta dirigida a la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, y a los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 Estados miembros de la UE, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, instó a priorizar la crisis nicaragüense en la agenda europea y a tomar acciones que de una vez obliguen a Ortega a frenar a su Policía represora, porque de otra forma este “no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su gobierno se esmeró en desmantelar”.