Régimen se autoconsulta para justificar inminente cacería contra religiosos y defensores de DD.HH.
La Comisión de Justicia propuso ampliar la condena de 15 a 20 años por traición a la patria, así como la confiscación de los bienes de los condenados.
El régimen de Daniel Ortega se prepara para iniciar la cacería de religiosos y defensores de derechos humanos en Nicaragua, después que la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional presentara las conclusiones de una consulta a puertas cerradas entre militantes, funcionarios públicos y policías sandinistas.
La consulta realizada por la Comisión de Justicia, entre miembros del Frente Sandinista, no solo busca ampliar la pena de cárcel para los acusados por traición a la patria, al proponer pasarla de 15 a 20 años, sino que demanda cárcel para los religiosos y defensores de derechos humanos.
"Las víctimas que asistieron a la consulta, expresaron: que ´las penas deberían ser más severas y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpistas como dirigentes", señala el informe de la Comisión.
JUZGAR A RELIGIOSOS
La conclusión de la Comisión de Justicia es que tanto los religiosos como los defensores de derechos humanos cometieron delitos "con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el GRUN".
"Es por esto, que deberían también ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras lo religioso, como lo es en el caso del Colegio San José de Jinotepe", advierte el numeral cinco del informe.
La Comisión de Justicia propuso "la formación de una comisión técnica interdisciplinaria, integrada con las instituciones del Sistema de Justicia Penal para analizar los resultados de la consulta y proponer las acciones que se correspondan en un plan de trabajo consensuado y aprobado por el Estado de Nicaragua".
También propone reformar el artículo 147 del Código Procesal Penal para crear la "obligación de guardar reserva al citado y/o entrevistado, por parte del Ministerio Público y/o la policía nacional durante una investigación en curso".
La Comisión de Justicia pidió adicionar al artículo 409 del Código Penal la incautación de bienes de todos los condenados por traición a la patria con el argumento de que se trata de una pena accesoria.
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"Extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de traición a la patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la constitución política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado", dice la propuesta de la Comisión.
El régimen de Daniel Ortega ha desarticulado a todos los organismos de derechos humanos, y ha obligado al exilio al personal de estas organizaciones.
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