Ortega lleva a Nicaragua al “caos institucional”, advierten expertos sobre la crisis con la OEA

La ocupación y posterior confiscación del edificio donde funcionaba la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Managua, es un reflejo de las “barbaridades jurídicas” que a diario viven los nicaragüenses con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalaron fuentes consultadas por Despacho 505.

Rodrigo Carreras, exembajador de Costa Rica, se mostró “perplejo” por la acción de Ortega de confiscar el edificio donde funcionaba la OEA. Considera que las repercusiones de parte de los países miembros del organismo van a ser “serias”.

“Existen mecanismos para mientras se sale de una organización a la cual se ha decidido no pertenecer, con el mayor respeto sin ninguna incautación de los materiales, de los archivos de los equipos de trabajo”, manifestó Carreras.

El 19 de noviembre del 2021, el régimen denunció la Carta de la OEA e inició el proceso de salida del organismo que no se hará efectiva, oficialmente, hasta noviembre de 2023. Pero el pasado domingo el canciller Denis Moncada retiró las credenciales de los representantes de Nicaragua ante el organismo y anunció el cierre de la sede en Managua.

Inmediatamente la Policía se apoderó de las instalaciones de la OEA y el régimen anunció que el edificio que arrendaba el organismo fue declarado de utilidad pública para la instalación del denominado "Museo de la Infamia".

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Un nicaragüense, experto en temas internacionales que pidió omitir su nombre por temor a ser detenido por expresar su opinión, señala que el proceso de declaratoria de utilidad pública de la Procuraduría General de la República fue “arbitrario” ya que en el inmueble no se ejecutará ninguna obra en beneficio de la población, además viola una serie de convenios internacionales de los cuales Nicaragua es suscriptora.

“Esta gente ha pasado a acciones sin límites y cada día nos llevan a un caos institucional. Con esto demuestra que cualquier embajada que no les parezca, la intervienen”, expuso el experto y señaló que los países miembros de la OEA “se enteraron y vieron en vivo” una violación a convenios sobre la inmunidad que tiene el personal diplomático.

“Condiciones hay para que la OEA tome medidas más fuertes y las pase a los gobiernos”, apuntó el experto, quien considera que las decisiones que adoptó el régimen contra el organismo hemisférico “demuestra la irracionalidad jurídica de un régimen que cada día hace todo para que esté más aislado perjudicando la economía del país que es lo más grave”.

¿CUÁLES PODRÍAN SER LAS ACCIONES DE LA OEA?

Según los consultados, las acciones que puede tomar la OEA contra Ortega son de carácter diplomático y político, pero los países miembros del organismo pueden influir para que las instancias financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), restrinjan el acceso a financiamiento.  

El primer mensaje que recibió recientemente fue cuando Estados Unidos excluyó al país de la cuota extra de azúcar para el año fiscal 2022.   

“El aislamiento de Nicaragua frente a la comunidad internacional se traducirá en dificultades de carácter financiero, lo que pasa es que todavía el BCIE está oxigenando al régimen”, expuso el experto nacional.

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Este miércoles el Consejo Permanente del organismo abordó la situación, no se votó ninguna resolución ni se anunciaron medidas a lo inmediato, pero sí reflejó el escaso apoyo que tiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario de parte de los 34 países que integran el organismo hemisférico.

Luis Almagro, secretario general de la OEA al presentar un informe ante el Consejo Permanente sobre la confiscación del edificio, dijo que este hecho constituía “un antecedente peligroso para el Sistema Interamericano y para América Latina”.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields señaló en su cuenta en Twitter que el “asalto” a la sede del organismo en Managua fue “repudiado categóricamente” este miércoles durante la sesión del Consejo Permanente.

“Se ha cuestionado esta acción porque es la primera vez que un país se atreve a hacer este tipo de acciones delincuenciales”, apuntó McFields, quien a mediados de marzo denunció las violaciones de los derechos humanos en una sesión del organismo y fue destituido de su cargo.