Diputados ejecutan otra barrida de oenegés en Nicaragua

La Asamblea Orteguista ejecutó una nueva "barrida" de oenegés. Lo que ha ocurrido hoy es un mero trámite administrativo, ya que la muerte legal de las 25 organizaciones incluidas en la lista era un hecho desde el lunes, cuando el Legislativo dio trámite a la solicitud del Ministerio de Gobernación.

La iniciativa de ilegalización de la oenegés contó con el voto de 74 diputados de la bancada orteguista, 15 abstenciones y un diputado estuvo presente que no votó.

Entre la nueva ilegalización múltiple de organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua están incluidas la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor Sergio Ramírez Mercado; la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta Ernesto Cardenal (1925-2020); y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que era el último organismo de este tipo que operaba en el país.

El motivo: no se registraron como agentes extranjeros y supuestamente no reportaron estados financieros y otros documentos adminsitrativos ante el ente rector que es el Ministerio de Gobernación. El mismo argumento que ha formulado contra decenas de organizaciones y que, según han dicho diversos analistas y defensores, es un intento por disfrazar la venganza política de la dictadura Ortega-Murillo.

La solicitud de cierre fue presentada por el Ministerio de Gobernación y escalada de manera exprés al plenario del Legilativo, totalmente dominado por el orteguismo y cuyo quehacer se ha reducido a cumplir mandatos políticos con fines represivos.

Desde 2018, la Asamblea ha dado trámite favorable a 19 solicitudes de cancelación de personerías jurídicas lo que ha significado el cierre de organizaciones de derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, centros de pensamiento, entre otras.

A la fecha, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 160 oenegés desde diciembre de 2018. Las últimas 25 oenegés canceladas, entre ellas la filial de Operación Sonrisa, fue ejecutada el 17 de marzo pasado.

Además, por su lado Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro oorganismos estadounidenses y seis europeas.

CPDH ENTRE LAS 25 ILEGALIZADAS

El paquete de organizaciones clausuradas a pedido de Gobernación alcanzó a la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), fundada el 20 de abril de 1977 y la última en su tipo que prestaba labor en Nicaragua.

Otra sensible baja es la ilegalización de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) que aglutinaba a organismos dedicados a la atención, promoción y defensa de los derechos de los niños en el país.

En la lista también se incluye a la Fundación Coen, del empresario Piero Coen; la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera y la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular.

La Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Centro de Derechos Constitucionales, y la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz, y el Desarrollo de la Sociedad Civil, son otras oenegés forzadas al cierre.

REVISAN A MÁS ORGANIZACIONES

El diputado orteguista Gustavo Porras, señaló que en el caso de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos (ANIA), le cancelaron la personería jurídica como oenegés, pero que continúan como cámara empresarial ya que están registrados ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).

Agregó que el diputado orteguista Wilfredo Navarro sostuvo un encuentro con los directivos de ANIA para analizar el tema.

Porras dio a conocer que en “algún momento vamos a presentar, se va a discutir porque hay decenas” de organizaciones que son microfinancieras o financieras que están registradas en la Superintendencia de Bancos y en la Comisión Nacional de Microfinancieras y que no son oenegés sin fines de lucro.

“Asimismo vamos a ver esas 29 para revisar y hacer una valoración de como podemos, sí acaso hubiera alguna que no está inscrita como podemos hacer si es darle un tiempo perentorio, si es que la misma ley les dé la posibilidad de tener una continuidad sin solución para que sus obligaciones continúen”, justificó Porras.  

NO SE REGISTRARON COMO AGENTES EXTRANJEROS

Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 25 ONG que serán afectadas han incumplido con sus obligaciones, entre ellas que no se registraron como "agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior".

Tampoco reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.