Purgas de paramilitares dejaría cientos de armas de guerra fuera de control en Nicaragua

Una posible purga dentro de las filas del Frente Sandinista contra los llamados "sandinistas históricos", supone un gran peligro para la seguridad nacional y regional, porque las armas de guerra que distribuyó Daniel Ortega durante la "operación limpieza" en junio del 2018, quedarían fuera de control y a disposición del crimen organizado, analizó un experto en temas de seguridad.

En los últimos días ha circulado el rumor de una supuesta “purga” interna ordenada por Ortega y Rosario Murillo , contra el denominado “sandinismo histórico”, un grupo de exmilitares retirados y que durante las protestas cívicas de abril fueron claves para que Ortega impusieran un estado de terror en Nicaragua.

Un analista en temas de seguridad, que habló con DESPACHO 505 en condición de anonimato, explicó que esas purgas no pasarían de ser un problema político interno si no fuera porque precisamente los integrantes del llamado sandinismo histórico son los que conformaron el grueso de los grupos paramilitares organizados y armados por la dictadura para reprimir a balazos las protestas del 2018. 

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Los paramilitares también fueron los que desmontaron las barricadas levantadas por la ciudadanía que protestaban por las reformas a la ley de seguridad social en todo el país. Durante ese periodo se cometieron la mayoría de los crímenes contra los nicaragüenses.

PARAMILITARES ARMADOS

El analista advierte que los paramilitares tienen armas asignadas y siempre han estado listos para reprimir cualquier expresión de protesta de la ciudadanía.

“Son altamente leales a la dictadura y (además) letales”, opina.

El experto, que ha trabajado en varios estudios sobre la seguridad ciudadana en Nicaragua, recuerda que antes del 2018, las armas estaban controladas, y las que estaban en manos de militantes sandinistas estaban a las órdenes del secretario general del FSLN.

Agrega que a partir del 2018, Ortega y Murillo ordenaron entregar más armas a sus grupos de fanáticos, aunque muchos de los jefes paramilitares habían sido procesados por delitos comunes antes del 2007 que Ortega vuelve al poder.

“Resulta preocupante que estén desarticulando en forma de purgas a los sandinistas históricos, porque eso indica que hay una cacería, hay descontento, inconformidad y recordemos que esos sandinistas están armados. ¿Qué pasará con las armas que el Frente Sandinista no logre recuperar?”, alerta el analista.

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Es ahí donde se supone el mayor peligro, “hay una escisión y desaparece el control central, y eso puede ser peligroso porque esos grupos descontentos por ser purgados, se podrían convertir en grupos al servicio del crimen organizado. Se puede generar una actividad criminal peligrosa”, advierte.

DESARMARLOS PRIMERO

El analista considera que en el peor de los escenarios estos grupos armados , que ya estaban fuera de la ley, se conviertan en un brazo armado al servicio del mejor postor.

Por lo que exhortó al Ejército de Nicaragua iniciar un proceso de desarme y evitar de esa forma grupos armados delincuenciales.

“Quien debe garantizar la seguridad nacional es el Ejército”, señala el experto en seguridad.

Agrega que “el peligro no es solo por el tipo de armas que quedarían fuera de control, sino que los paramilitares armados por la dictadura son excombatientes, personas con gran conocimiento militar, de armas y tácticas de guerra”. 

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"Es un peligro incluso para la seguridad regional por la disponibilidad de armas para el crimen organizado en el ´mercado oculto´, ya hay grupos del crimen organizado en Centroamérica que tienen fusiles de guerra hasta con mira telescópica, ¿de dónde las sacan?”, interrogó.

En febrero pasado, la firma encuestadora Cid Gallup publicó un estudio sobre la percepción de la inseguridad ciudadana en Nicaragua y concluyó que ha incrementado en los últimos meses. El estudio refleja que los nicaragüenses valoran que el crimen y la delincuencia ha aumentado.

Por otra parte, Nicaragua apenas tiene 20 puntos de 100 posibles, en el Índice de percepción de la Corrupción de la Organización para la Transparencia Internacional. El país está en la posición 164 de 180 países analizados y se coloca entre los de mayor corrupción en el sector público en el mundo.