Diputados sepultan autonomía universitaria, la UCA queda fuera del 6%

La Asamblea Nacional aprobó con 75 votos a favor, 14 abstenciones y dos presentes diputados, una reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, en la que excluye a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la deja fuera del 6%.

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma de manera exprés para otorgar mayores facultades al CNU, para intervenir cualquier universidad pública y privada.

Durante el proceso de consulta, la Comisión de Educación se limitó a consultar a las autoridades del CNU y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), pero evitó llamar a expertos independientes y a las autoridades de las universidades privadas del país para enriquecer el dictamen de la comisión.

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Con las reformas la bancada sandinista saca de la estructura del CNU a la Universidad Centroamericana (UCA) y de los fondos del 6% constitucionales al modificar el artículo 56 de la Ley 89.

Según el dictamen de la reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, pretende “garantizar la calidad de la educación superior y ampliar el acceso de la población a las instituciones universitarias", pero la intención es excluir a la UCA de las universidades públicas.

PLC SE ABSTIENE

La bancada del Partido Liberal Constitucionalista dijo que se abstendría de apoyar la reforma a la Ley de Autonomía Universitaria, porque afectaría a miles de universitarios.

El diputado Álvaro Rivera señaló que su bancada ve con “profunda preocupación” la reformas porque no solo excluye a la UCA del CNU, sino que deja sin becas a miles de estudiantes universitarios.

Recientemente el expresidente del CNU, Ernesto Medina calificó las reformas como una “aberración” y advirtió que el régimen de Daniel Ortega llevaría al país a la “noche más oscura del somocismo y al subdesarrollo”.

Según el dictamen de la Comisión de Educación del Parlamento, el CNU tendrá dentro de sus atribuciones “elaborar y coordinar la política nacional de la educación superior en Nicaragua en función de los recursos existentes”.

GUTIÉRREZ PROPONE UNA NUEVA LEY DE AUTONOMÍA

El diputado orteguista el sancionado Wálmaro Gutiérrez, señaló que a corto plazo se debe de elaborar una nueva Ley de Autonomía Universitaria.

El diputado sandinista defendió las reformas y la emprendió en contra de los catedráticos que han señalado que dichos cambios violan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Según Gutiérrez desde el 2007 al 2022, el Estado les ha entregado a las universidades cerca de 2,678 millones de dólares como parte de los fondos del 6% constitucional. Señaló que la educación superior es manejada, sin especificar por quiénes lo hacen, como una mercancía.

“Es lógico que los recursos del pueblo de Nicaragua se reinviertan en las universidades del pueblo nicaragüense y eso es lo que está diciendo esta reforma”, indicó Gutiérrez y luego llamó a que las universidades privadas se hagan sociedades mercantiles “y que sigan manejando la educación como una mercancía, están en todo su derecho, aquí la iniciativa privada es libre".

“Pero no me vengan aquí a manejar la educación como un bien privado, como una mercancía y después nos volteamos y le pedimos al papa Estado reales para seguir haciendo nuestro bisne personal, eso no se vale y eso es lo que está diciendo en síntesis esta reforma”, expuso Gutiérrez.

MAYORES PODERES AL CNU

La diputada orteguista Maritza Espinales defendió la reforma argumentando que era “necesaria”. Agregó que la educación superior en Nicaragua vive “momento histórico” y según ella al aprobar dichos cambios se “reforzaron” las funciones del CNU, las cuales dan mayor seguridad a los jóvenes “de culminar sus estudios, mayor seguridad de que van a tener calidad en su educación”.

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Indicó que ahora con las reformas el CNU revisará “permanentemente” los planes y programas de estudios de las universidades. Además el organismo "supervisará" a las universidades, "porque todos aquí sabemos que algunas universidades privadas continúan cometiendo abusos".

“Ligado a la Ley de Títulos estamos agregándole la función de administrar el Registro Nacional de los Títulos, significa que estamos acá asegurando que vamos a ir erradicando el fraude académico, la estafa”, apuntó Espinales.

La sesión fue interrumpida por el ejercicio multiamenazas que realiza el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred).