La ONU investigará crímenes de Ortega y Murillo en Nicaragua

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de un “grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua” para investigar las violaciones cometidas desde abril de 2018.

Los expertos serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos y su mandato durará un año a partir de su creación.  

Entre sus obligaciones estará el “emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones, y sus causas estructurales profundas”. 

Además, deberán establecer los hechos y las circunstancias relativos a los presuntos abusos y violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, de ser posible, identificar a los responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas. 

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La creación de este grupo era una demanda de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales de derechos humanos, que por fin se concreta en el proyecto de resolución denominado "Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua".

El texto aprobado ha sido respaldado por países como Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Brasil, Luxemburgo, Colombia, Costa Rica, Suiza, Alemania y Francia, por mencionar algunos.  

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU sería la segunda instancia internacional en investigar los abusos cometidos por la dictadura desde abril de 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en mayo de ese año un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que concluyó que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.

ACCESO AL PAÍS  

El Gobierno de Nicaragua está llamado a colaborar con el grupo, que deberá desarrollar su mandato, aun si la dictadura de Daniel Ortega se niega a permitirles el acceso al país.  

En la resolución se “exhorta al Gobierno de Nicaragua a que coopere plenamente con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para América Central, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, incluido el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y con los órganos de tratados pertinentes, entre otras cosas permitiendo el acceso sin trabas, absoluto y transparente a todo el país y facilitando las visitas, incluso a los centros de detención, y proporcionando la información necesaria”. 

El Consejo mandata al grupo colaborar con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos el Gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y la sociedad civil, con objeto de intercambiar información, según proceda, y prestar apoyo a las iniciativas nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por los abusos y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. 

INFORME ESTARÍA LISTO EN UN AÑO  

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua deberá un informe al Consejo de Derechos Humanos en su 52 período de sesiones, durante un diálogo interactivo, previsto para el mes de marzo de 2023. 

Asimismo, el Consejo solicita a la Alta Comisionada Michelle Bachelet que refuerce su labor de seguimiento y cooperación, entre otros medios preparando un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que contenga una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores, que deberá presentar a finales de este año.  

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Hasta ahora, la dictadura de Daniel Ortega se he negado a acatar las recomendaciones de la Alta Comisionada, que ha pedido la liberación de los presos políticos y el establecimiento de reformas electorales que permitan a los nicaragüenses elegir a sus autoridades en unos comicios libres y transparentes.  

En su última actualización sobre Nicaragua el pasado 7 de marzo, Bachelet expresó su preocupación por la reanudación de los juicios contra los presos políticos y las duras sentencias de prisión aplicadas “sin respetar el debido proceso”. 

“Se deben tomar medidas urgentes para asegurar su pronta liberación y garantizar la integridad física y psíquica de las personas detenidas arbitrariamente, incluido otorgar acceso a mi Oficina para visitarlos. Las autoridades deben cesar, condenar públicamente y sancionar cualquier ataque o acoso contra activistas políticos, periodistas y defensores de derechos humanos”, demandó la Alta Comisionada.