Dictadura pretende repartir tierras indígenas a invasores con engañoso "Acuerdo de convivencia pacífica"
El mecanismo de supervisión del Fondo Verde, que financiaría el proyecto, investigará la violencia y los crímenes cometidos por colonos en tierras indígenas.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende “legalizar” las invasiones e ignorar los crímenes cometidos por colonos en las tierras indígenas del Caribe nicaragüense a través de un “engañoso plan de convivencia pacífica”, con el que busca percibir 170 millones de dólares de países desarrollados para su implementación, denunció el presidente de la organización ambientalista Fundación del Río, Amaru Ruiz.
De acuerdo con el ambientalista, el régimen ha pretendido “engañar” a los países desarrollados con un programa denominado “Bio-CLIMA: Acción Climática Integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Reservas de Biósfera Bosawas y Río San Juan”, que incluye un “Acuerdo de Régimen de Convivencia Pacífica” que asegura firmarían los colonos invasores y las comunidades indígenas.
Sin embargo, según Ruiz, los planes de la dictadura de “legalizar” las invasiones violentas en los territorios indígenas y afrodescendientes se están viendo frustrados por la oposición de los habitantes autóctonos que, a través de una queja ante organismos internacionales, han rechazado las intenciones del gobierno central.
CONCEJO DE ANCIANOS DICE NO
El Concejo de Ancianos de la Mosquitia, tras conocer el plan del régimen de obligarlos a convivir con los colonos reaccionó anunciando que nunca han dado su consentimiento para ese plan gubernamental ni están de acuerdo.
“Nos negamos rotundamente a la convivencia o cohabitación entre indígenas y colonos, debido al alto riesgo de etnocidio y a la impunidad vigente sobre los delitos contra la vida y el patrimonio comunitario. No se puede convivir con quienes han violado nuestros derechos y buscan por todos los medios posibles arrebatarnos nuestro patrimonio comunal”, dice un comunicado emitido este martes por el Consejo de Ancianos.
El presidente de Fundación del Río reafirma que la dictadura quiere poblar los territorios indígenas con colonos adeptos a su ideología para luego “hacer lo que les dé la gana en esa tierras” y de esa forma enterrar para siempre la petición de los pobladores autóctonos de desalojar a los invasores.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
El 13 de noviembre de 2020, la Junta del Fondo Verde para el Clima (GFC, por sus siglas en inglés) aprobó el programa FP146, presentado por el régimen Ortega-Murillo, que supuestamente tiene como objetivo promover el manejo sostenible del uso del suelo y el manejo forestal para restaurar paisajes forestales degradados en las Reservas de la Biosfera Bosawas y Río San Juan. Los fondos requeridos por Nicaragua son de 116 millones 642 mil 213 dólares, que suma cofinanciamiento del GCF por un monto de 64 millones de dólares y aportaciones del Fondo Mundial para el Medioambiente.
La entidad acreditada para cofinanciar mediante préstamos y manejar esos fondos es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un viejo aliado de la dictadura. La entidad ejecutora es el Gobierno de Nicaragua.
En un documento denominado “Reporte de Evaluación del Cumplimiento Caso C-0006-Nicaragua”, elaborado por el Mecanismo de Reparación Independiente (MRI), instancia designada por el GFC para supervisar la propuesta del régimen de Daniel Ortega se especifica que no se han cumplido con los requerimientos para acceder al financiamiento solicitado.
El MIR concluye en su informe que “existe evidencia prima facie de impactos adversos causados o que pueden ser causados por el incumplimiento del proyecto con las políticas y los procedimientos operativos del GCF”. En ese sentido, la instancia supervisora internacional le anuncia al régimen que comenzará una “investigación de cumplimiento para investigar más a fondo el asunto”.
El mecanismo de supervisión del Fondo Verde, que financiaría el proyecto, investigaría a fondo la violencia y los crímenes cometidos por colonos en tierras indígenas.
Ante tales hallazgos, según Amaru Ruiz, el régimen no recibirá ni un solo dólar de parte de los países desarrollados para financiar el plan propuesto hasta que concluyan las investigaciones, si es el caso.
USURPAN REPRESENTATIVIDAD
El proyecto presentado por el régimen Ortega-Murillo justifica que buscan reducir las emisiones de carbono abordando la deforestación en la región caribeña; una zona que cubre el 54% del territorio nacional, contiene el 80% de los bosques de Nicaragua y alberga a la mayoría de las poblaciones indígenas del país.
El régimen promete el establecimiento de un “Acuerdo de Régimen de Convivencia Pacífica”, que supuestamente contaría con el consentimiento y la solicitud de los gobiernos territoriales indígenas y con ello poner fin a las invasiones de tierra.
Los representantes del orteguismo aseguraron a los financiadores del proyecto que obtuvieron consultas y acuerdos para el proyecto general de éstos gobiernos territoriales. Sin embargo, “la legitimidad de las autoridades regionales, territoriales y comunales de la Costa Caribe, que fueron factores clave en los procesos de consulta para el programa ha sido cuestionada por los pueblos indígenas, porque fueron establecidos gobiernos “paralelos ilegales que socavan a las autoridades indígenas legítimas y estos gobiernos paralelos están dando consentimientos que no son representativos de los pueblos indígenas”.
Para Ruiz, el verdadero propósito de la “convivencia pacífica” propuesta por el régimen es la consumación definitiva de la usurpación de las tierras indígenas a sus verdaderos dueños porque con ello estaría legitimando las invasiones a esos territorios.
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