Acuerdos entre la Alianza Cívica y la dictadura de Ortega cumplen tres años: 18 compromisos firmados y solo uno cumplido a medias

A tres años de la firma de los “acuerdos para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha incumplido todos los acuerdos: tiene más de 170 presos políticos, sigue el estado policial de facto y tensionó aún más las relaciones con quienes le sirvieron de testigos y acompañantes en la última mesa de negociación: la Santa Sede y la Organización de Estados Americanos (OEA).  

En la Mesa de Negociación de 2019 entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia celebrada en el INCAE, participaron como testigos y acompañantes el nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag y un representante de la OEA.  

El pasado 12 de marzo, la Santa Sede confirmó la expulsión del nuncio, a quien la dictadura le giró una orden de salida “inmediata”, medida que considerada “unilateral, grave e injustificada”.  

El 19 de noviembre del año pasado, la dictadura denunció la Carta de la OEA ante lo que considera “acciones injerencistas” y saltándose todo procedimiento, Ortega dio por terminado el vínculo de Nicaragua y la OEA.  

El dictador había confirmado una tercera ronda de negociaciones para después de las elecciones presidenciales de noviembre, desconocidas por la comunidad internacional, pero hasta ahora no ha habido convocatoria alguna y no hay certeza de quién ejercería la mediación ante las agrietadas relaciones con la Iglesia local, la Santa Sede y la OEA. 

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró este domingo su demanda de cumplimiento a los acuerdos firmados. 

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ACUERDOS 

El 27 de marzo de 2019 el Gobierno de Daniel Ortega suscribió dos acuerdos: uno para la “liberación de personas privadas de libertad” y otro para para «fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”.   

El régimen solo cumplió con el primero y a medias. El 11 de junio de 2019 unos 50 presos políticos, incluyendo los principales líderes de las protestas iniciadas en abril de 2018 en el país, fueron excarcelados bajo una cuestionada Ley de Amnistía. Antes había liberado a cuentagotas a otro grupo de presos políticos, pero el régimen no ha dejado de encarcelar a opositores. 

Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas confirma que en el país existen al menos 179 ciudadanos encarcelados por su manera de pensar.   

Entre los firmantes de los acuerdos hay cuatro miembros de la Alianza Cívica que al día de hoy están encarcelados por la dictadura: Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Max Jerez y José Pallais. 

El informe, que cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla que 169 personas permanecen en prisión como presos políticos desde las protestas contra Ortega iniciadas en abril de 2018, otras nueve están encerradas desde 2014, y una desde 2011. 

Entre los presos políticos hay siete opositores que intentaron competir por la Presidencia con Daniel Ortega en las elecciones de 2021. También están detenidas un total de 14 mujeres.  

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18 COMPROMISOS INCUMPLIDOS 

El segundo acuerdo, el de derechos y garantías ciudadanas, está compuesto por 18 compromisos encaminados a restablecer el derecho a la protesta, la libertad de expresión, asociación y el retorno seguro de los exiliados.   

En materia de justicia, el régimen se comprometió a respetar el mandato constitucional que establece que todo detenido tiene derecho: “A ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención”.   

Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó una iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal (CPP) para ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un ciudadano aun cuando no existan pruebas en su contra, si la Fiscalía así lo solicita. Esa medida fue aplicada a una cuarentena de opositores detenidos entre mayo y septiembre del año pasado en el marco de las elecciones convocadas para noviembre pasado.  

EL DERECHO A LA PROTESTA  

Ortega también se comprometió a garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública.

Asimismo, en los acuerdos se reconocía que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica. Además, se reconocía plenamente el derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la bandera nacional.   

Sin embargo, la Policía Orteguista sigue encarcelando a opositores por manifestarse en contra de Ortega y la Fiscalía acusa de "ciberdelitos" a ciudadanos que expresan su disentir con el régimen a través de las redes sociales.