Ortega prorroga hasta el 2027 la Ley de la Piñata Sandinista

Daniel Ortega prorrogó, mediante un decreto ejecutivo, por 5 años más la Ley 86, conocida como la “Ley de la Piñata Sandinista", con la que fueron “legalizadas” miles de propiedades urbanas en todo el país, que habían sido “confiscadas” entre los años 80 e inicios de los 90.

De acuerdo con la publicación del diario oficial La Gaceta, Ortega emitió el Decreto Ejecutivo 05-2022, mediante el cual deja en vigencia la ley 86 hasta el 2027, periodo en el cual la Dirección de Titulación de la Intendencia de la Propiedad, seguirá emitiendo títulos de propiedad sobre los bienes urbanos en diferentes puntos del país.

El artículo 1 del nuevo decreto establece que se prórroga la vigencia de la Ley 86, "Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos'', publicada en La Gaceta No. 66 del 3 de abril de 1990, hasta el 28 de febrero del año 2027. Esa ley vencía este mismo lunes.

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Con ello, Ortega ordena que la Dirección de Titulación de la Intendencia de la Propiedad, “continúe el proceso de titulación urbana”, para, supuestamente, proporcionar seguridad jurídica a los “protagonistas” beneficiarios de casas y lotes de terrenos adquiridos al amparo de esa legislación, en la ciudad de Managua y en todas las ciudades del país.

¿QUÉ ES LA LEY 86?

Tras la derrota electoral de Daniel Ortega en febrero de 1990, el régimen sandinista de la época se apresuró a “legalizar” miles de propiedades que habían sido confiscadas a sus dueños bajo el pretexto de ser somocistas o simplemente por haberse ido del país, huyendo de la guerra. Esas propiedades fueron traspasadas a militantes sandinistas y a jefes militares o partidarios.

Las confiscaciones fueron “legalizadas” mediante las leyes 85 y 86, aprobadas “a la carrera”, entre febrero y marzo de 1990, por los diputados sandinistas solo días antes de entregar el poder al nuevo gobierno democrático encabezado por Violeta Barrios Chamorro.

El artículo 1 señala que “las personas que hayan ocupado lotes con la finalidad de construir en ellos sus viviendas mediante la asignación por el Estado, sus Instituciones, tales como: Sistema Financiero Nacional, Banco de la Vivienda, Entes Autónomos, organismos descentralizados, empresas propiedad del Estado y Gobiernos Municipales, en repartos que fueron afectados por la Ley de Repartos ilegales, urbanizaciones progresivas o en barrios populares consolidados, adquieren por esta Ley el derecho de propiedad, valiendo la posesión del inmueble por Título”.

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Asimismo, en su artículo 5, define que las personas naturales o jurídicas, “cuyos bienes hubieren sido administrados por el Estado con ánimo de dueño”, y que fueron “expropiados” para dar cumplimiento dicha Ley, “tendrán derecho a recibir una indemnización igual al avalúo catastral del inmueble afectado al momento de presentarse el reclamo”.

Según el decreto ejecutivo emitido por Ortega, la prórroga se da amparada por el artículo 13 de la Ley No. 278, "Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria" que le permite al presidente de la República ampliar el plazo de la legalización de los bienes expropiados mediante la  Ley 86.

DESORDEN GUBERNAMENTAL

Para un economista consultado por DESPACHO 505 que pidió no hacer pública su identidad para evitar represalias, señala que la prórroga de la Ley 86, no es más que la muestra del "inmenso desorden" que reina en el régimen en cuanto a ordenamiento jurídico de la propiedad urbana.

"En Nicaragua lo que se necesita es una verdadera política de ordenamiento y titulación urbana definitiva y no estar poniendo parches a la ley de la piñata", explica el economista para quién esa Ley ya no es funcional, porque arrastra dificultades desde su promulgación hace 30 años.

Destacó que esas confiscaciones fueron "indemnizadas" con bonos que constituyen una deuda del estado, que en sus inicios ascendió a unos 1,200 millones de dólares.

"Esos Bonos de Pagos por Indemnización (BPI) se han vencido en su mayoría y al vencerse los plazos que era de 20 y 25 años, la deuda pública ha aumentado. Esos pagos los tiene que hacer el Estado con fondos del erario", explica el experto y agregó que todas esas propiedades "piñateadas" las han estado pagando todos los nicaragüenses.

El economista consultado advierte que esa ley solo cubre propiedades confiscadas y adjudicadas en los años 80 y los primeros meses de 1990, por tanto, no debe el régimen incluir en esos "beneficios" bienes ocupadas fuera de esa época.

UN SOLO BOLSÓN

Publicaciones que citan datos de la PGR, mediante las leyes 86 y 86, señalan que la dictadura sandinista de 1980 legalizó la confiscación de unas 20 mil viviendas entregadas a familias, que de una u otra forma apoyaron al régimen.

Además 125 mil lotes de tierras fueron entregados a otro tanto de personas que durante los años 80 y durante el llamado “proceso de transición”. También se legalizaron 16 mil títulos de Reforma Agraria emitidos entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990.

La piñata sandinista que aún sigue vigente mediante la Ley 86, le estaría costando al Estado, según algunos analistas, unos 2 mil 200 millones de dólares en pagos por indemnización a los verdaderos dueños de los bienes confiscados. Esa deuda aún se sigue pagando.

La actual Constitución Política de Nicaragua en su artículo 44 prohíbe expresamente las confiscaciones, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han denunciado que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han confiscado "de hecho" sus bienes y activos" como una forma de represión contra los que considera oposición política. Más de 100 ONG y unas 14 universidades han sido ilegalizadas y sus patrimonios han sido ocupados por el régimen.