Diez países se suman a sanciones de la Unión Europea contra la dictadura de Ortega

Diez países socios y candidatos a formar parte de la Unión Europea, se sumaron este miércoles a las sanciones del bloque continental contra siete funcionarios y tres instituciones del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, Moldavia y Georgia se sumaron a las sanciones de la Unión Europea emitidas el pasado 10 de enero tras las "falsas elecciones en Nicaragua".

Las sanciones en cuestión alcanzan a los hermanos Camila y Laureano Ortega, los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como sobre Nahima Díaz, hija del jede de la Policía Francisco Díaz; y del titular de la Superintendencia de Bancos Luis Ángel Montenegro.

También han sido sancionados la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

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"Dichos países velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a la citada decisión del Consejo. La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo celebra", informó el Alto Representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell en un comunicado.

RESTRICCIONES DE VIAJE Y CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

Las personas señaladas son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el menoscabo de la democracia y el Estado de derecho.

Las sanciones de la Unión Europea ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades.

Según la resolución del Consejo, las personas designadas están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.

La Unión Europea considera que las "elecciones" de noviembre en Nicaragua se celebraron sin garantías democráticas y que sus resultados carecen de legitimidad. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el bloque, privó al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.