La dictadura ha “demolido” la libertad de asociación de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil en el exilio denunciaron ante la comunidad nacional e internacional el sistemático ataque contra la libertad de asociación, ejercido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al punto de aplicar un principio de “tierra arrasada” contra las oenegés.

Las organizaciones Fundación del Río y Popol Na, en representación de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG presentaron su primer informe sobre la situación de la libertad de asociación en Nicaragua que analiza el periodo desde el retorno al poder del dictador Daniel Ortega en el 2007 hasta enero de 2022.

En dicho informe denuncian que el régimen Ortega-Murillo ha desencadenado una “brutal demolición” contra la sociedad civil “como parte del ejercicio autoritario del poder por un régimen que caracterizamos como dictatorial y que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es responsable de crímenes de lesa humanidad”.

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Las organizaciones documentan 115 agresiones directas a organizaciones de diferentes tipos durante el período 2007-2022.

Para Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, bajo el principio de "tierra arrasada" contra la sociedad Civil, la dictadura ha cancelado 96 personerías jurídicas de ONG nacionales e internacionales, asociaciones médicas, asociaciones culturales, universidades, organizaciones gremiales y empresariales.

En muchos de los casos de cancelación de personería jurídica, la dictadura también ha confiscado de facto los bienes de las organizaciones y como resultado  han dejado sin atención a miles personas que se beneficiaban de los proyectos de desarrollo que ejecutaban, además de dejar en el desempleo a decenas de trabajadores.

Además, denuncian la criminalización, detenciones arbitrarias y tortura en las cárceles, de trabajdores y directivos de las oenegés, desplazamiento forzado y exilio. “Desempleo y pobreza como estrategia represiva”, agregan, todo ello sumado a la falta de acceso a la justicia e instrumentalización del Poder Judicial.

EL REGIMEN IGNORA RECOMENDACIONES DE LA ONU

El informe señala que el régimen no ha atendido las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en las que llama al Estado de Nicaragua a respetar la libertad de asociación.

“La represión contra toda forma de organización, crítica o protesta, ha sido documentada por múltiples organismos a nivel nacional e internacional. Por tal razón, en diciembre de 2021, el Civicus Monitor dio la escala de espacio cívico “cerrado” en Nicaragua”, señalan.

El informe fue enviado a 30 países, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a las instancias internacionales diplomáticas como la ONU, la OEA y la Unión Europea.

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Las ONGs sostienen que el Estado de Nicaragua “debe abstenerse de continuar obstaculizando el ejercicio efectivo del derecho a defender derechos humanos" y como primer paso el régimen “debe proceder a la restitución inmediata de la personalidad jurídica; devolverles el pleno acceso a sus cuentas bancarias, así como la totalidad de los demás bienes muebles e inmuebles que les fueron confiscados, y responder por los daños materiales que pudieran haber sufrido”.

La escalada represiva contra las asociaciones sin fines de lucro arreció a partir de 2018, tras el estallido social por la demanda de democracia en Nicaragua y que sumió al país en una crisis política y social de la que aún no sale.