ONU revela perversidad de Ortega y pide presión internacional para “rendición de cuentas”

Michelle Bachelet llama a la comunidad internacional y a la misma ONU a realizar gestiones para establecer un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas. Demanda el saneamiento de la Policía, el Poder Judicial y la derogación de la Ley de Amnistía.

El informe sobre Nicaragua de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, contiene un contundente llamado de atención al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y lo insta a frenar las graves violaciones de derechos humanos que comete desde el 18 de abril de 2018.

En general, es un severo planteamiento para que en Nicaragua se desmonte el esquema que convirtió el aparato gubernamental en una máquina represiva perversa, para realizar acciones que van desde la prohibición de las libertades fundamentales hasta hechos gravísimos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, conformación y consentimiento de grupos armados, encarcelamientos arbitrarios, procesos penales fabricados y una persecución orientada a exterminar la más mínima voz crítica.

La salida es el diálogo “urgente” y debe restablecerse con la Alianza Cívica, enfatiza la alta funcionaria de la ONU entre las recomendaciones al régimen.

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Además, pide compromiso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la comunidad internacional para ejercer presión y “encontrar una solución a la crisis sociopolítica a la que se enfrenta (Nicaragua), incluyendo gestiones para establecer un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas”.

SANEAR LA POLICÍA Y DESARMAR GRUPOS ARMADOS

Bachelet también plantea que se revise la Ley 872 (Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional) y se impulse una reformar al cuerpo de seguridad nacional identificado como el principal brazo represor del régimen.

Las reformas en la estructura policial, indica la ONU, deben incluir “la investigación de antecedentes en materia de violaciones de derechos humanos, la supervisión y el control civil”.

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La recomendación es una reestructuración para que la Policía se rija de “conformidad con las normas y estándares de derechos humanos”, de modo que en Nicaragua paren las detenciones arbitrarias y la ejecución de acciones al margen de la legalidad.   

Desarticular y desarmar a los elementos armados progubernamentales es otro de los puntos que señala el informe de la Alta Comisionada que demanda la liberación de todos los presos políticos.

Organizaciones cívicas reportan que más de 120 personas continúan encarceladas por razones políticas, pero acusadas por delitos comunes.

JUSTICIA, REPARACIÓN E INDEPENDENCIA JUDICIAL

Michelle Bachelet considera fundamental que se defina un “plan orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo centrado en las víctimas”, con el apoyo de la OACNUDH y organismos regionales que dan seguimiento a la crisis de derechos humanos en el país.

Para esto propone reformar el Poder Judicial y así lograr independencia en la aplicación de justicia. Para la ONU es necesario crear una Unidad Especial que investigue y enjuicie a los responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos ocurridos desde el 18 de abril de 2018: ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual.

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“Elaborar y aplicar medidas de amplio alcance que garanticen el acceso a la justicia y la reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos”, expresa el informe divulgado este viernes.

La garantía de justicia pasa por la anulación de las Leyes 994 (Ley Atención a Víctimas) y 996 (Amnistía), dos marcos jurídicos aprobados en la Asamblea Nacional por orden de Daniel Ortega, para sustentar su discurso de normalidad y de reparación a las víctimas de la represión.

La Alta Comisionada hace un llamado al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional para que inste a Nicaragua a que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, reanude cuanto antes la cooperación con la su oficina regional de Panamá, los mecanismos regionales y que les permita el acceso al país.

OACNUDH también contempla el fortalecimiento del monitoreo, documentación, análisis y elaboración de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, “como contribución para garantizar la rendición de cuentas, y para apoyar el Estado de Derecho y las reformas del sector de la seguridad”.

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El régimen de Daniel Ortega respondió con mentiras al informe sobre Nicaragua de Michelle Bachelet. El dictador sostiene que el informe carece de veracidad y niega que el país se encarcele a quienes entonan el himno nacional e izan la bandera azul y blanco.

“La metodología citada para la recopilación de la información, OACNUDH no adjunta la evidencia de cómo actuó con la debida diligencia. De manera que la identificación de fuentes y la recopilación de la información se realizó a partir de criterios parcializados y arbitrarios, lo que no se corresponde con un informe metodológicamente serio”, dijo Ortega.

  
 DEMANDAS DE LA ONU EN MATERIA DE LIBERTADES 

 1. Reanudar “urgentemente un diálogo” e implementar plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019.
 2.  Garantizar el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y condenar y sancionar todo ataque o intimidación a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas y a toda persona crítica.
 3. Restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y devolver licencias y todos los bienes, documentos y equipos confiscados a medios de comunicación.