La dictadura acusa a tres campesinos de Río San Juan de "ciberdelito" y "menoscabo a la soberanía nacional"

Tres campesinos y un profesional informático, originarios de Río San Juan, fueron acusados formalmente por la Fiscalía Orteguista por los supuestos delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. Una de las campesinas acusada es madre de un dirigente de la Juventud Sandinista (JS)

Ninguno de los tres campesinos maneja las tecnologías de la información ni de las redes sociales, dicen fuentes cercana al caso, al contrario se dedican a labores de agricultura o mecánica. Los campesinos Rubén Aroldo Manzanares (31 años) y Moisés David Salinas Paz (34 años) ambos originarios de El Almendro fueron acusados en el juzgado de ese municipio.

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Mientras tanto, la señora Dominga de la Cruz  Morales Jimenez, de (55 años) y Armando Robles Alaniz, originarios del municipio de Morrito, también fueron acusados en el mismo juzgado y por iguales delitos.

MADRE DEL PRINCIPAL DIRIGENTE MUNICIPAL DE LAS JS

La fuente que habló con DESPACHO 505 aseguró que Morales, que está detenida desde el pasado 6 de noviembre, es madre del principal dirigente de la Juventud Sandinista (JS) en el municipio de Morrito, por lo tanto la familia ha preferido mantener el caso bajo perfil, con la esperanza de poder sacarla.

“Doña Dominga es una señora humilde, que se dedica a su casa, no entendemos cómo la pueden acusar de ciberdelitos; el que se mete en política es su hijo, pero es sandinista y dirigente de la JS”, dijo la fuente.

ACUSACIÓN FUERA DE TÉRMINO

Personas cercanas a los detenidos denuncian que la acusación fue presentada este jueves 17 de febrero fuera de término legal, pues los cuatro procesados llevan más de 90 días en prisión, es decir, más del tiempo establecido por el Código Procesal Penal que son 90 días de detención.

“Además de que la acusación se basa sobre hechos falsos y eso la hace improcedente desde el punto de vista jurídico, también está siendo presentada fuera del término de tiempo establecido por la Ley, por tanto, no debería ser aceptada, sin embargo sabemos que la justicia orteguista en realidad es injusticia”, dijo la fuente.

ANTECEDENTE NEFASTO

La dictadura Ortega-Murillo no se detiene en su afán de criminalizar a los campesinos, una muestra de ellos es la reciente declaración de culpabilidad en contra Santos Camilo Bellorin Lira a quien, el 6 de noviembre, la Policía sacó de su vivienda localizada en la comunidad rural de Guasuyuca, Pueblo Nuevo, Estelí.

Los agentes se lo llevaron a la cárcel para procesarlo bajo la acusación de propagación de noticias falsas utilizando las tecnología de la información, pese a que el campesino no sabe ni usar un teléfono celular ni las redes sociales.

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Durante el juicio, el campesino Bellorín alegó ante la judicial que lo declaró culpable, que no conocía las redes sociales y que su único interés es trabajar en la agricultura, además que apenas sabe leer y escribir. Defensores de derechos humanos denuncian que la Fiscalía de la dictadura se está valiendo de mensajes de perfiles falsos en las redes sociales para acusar y lograr la condena de los campesinos y de todos los opositores.