Dictadura cancela otras seis oenegés: ANPDH, Pen Nicaragua y el María Elena Cuadra están en la lista

La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, canceló este martes seis organizaciones no gubernamentales en Nicaragua incluidas la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra y la Asociación Pen Internacional/Nicaragua.

A la lista se sumó la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz (Fundemuni), la cual opera desde noviembre de 1995, el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia, que funciona desde los años 90 y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras), operando desde finales del 2001.

La iniciativa la presentó el pasado 11 de febrero con carácter de urgencia por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez.

Las amenazas de ilegalización contra el Movimiento María Elena Cuadra se hicieron evidente en septiembre del 2020, cuando la mañana del 25 del ese mes, sus oficinas fueron asediadas por las fuerzas policiales quienes no permitieron el ingreso de sus trabajadores. En esa ocasión Sandra Ramos, presidenta de la organización, junto a colaboradores encararon a los agentes quienes sin ninguna orden judicial mantuvieron tomada la entrada del edificio.

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“El Movimiento María Elena Cuadra no son estas paredes, sino el compromiso de defender los derechos de las más desprotegidas. No nos van a intimidar. Esto nos enoja, nos indigna, pero hay que seguir”, declaró Ramos en ese momento. El Movimiento María Elena Cuadra, fundado en 1995.

UN ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS MENOS

Mientras que la ANPDH, en agosto del 2018, anunció el cierre de sus oficinas debido a las amenazas y acoso al que eran sometidos sus miembros por documentar las violaciones a los derechos humanos producto de la crisis que inició en abril de ese año. Álvaro Leiva, director de la asociación se exilió para salvaguardar su vida.

Por su parte, PEN Nicaragua, el 4 de febrero del 2020, anunció el cierre de su capítulo en Nicaragua debido a la Ley de Agentes Extranjeros, que supone persecución y multas para personas y organizaciones que reciben fondos del exterior.

“Ninguno de nosotros se considera agente extranjero. Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país. Por estas razones, la Junta Directiva que presido y la Asamblea de miembros, hemos decidido suspender indefinidamente el centro PEN en Nicaragua”, dio a conocer la escritora Gioconda Belli en un escrito.

PEN Nicaragua durante los últimos 21 años tuvo un carácter humanitario y libertario, lo cual haría que el régimen de Daniel Ortega les impusiera la inscripción como Agentes Extranjeros “y el cumplimiento de requisitos mensuales que no se corresponden con la realidad de nuestras limitaciones”.

MISMO ARGUMENTO PARA APROBAR LA CANCELACIÓN

El argumento que expuso el diputado Filiberto Rodríguez es el mismo que ha utilizado el régimen de Daniel Ortega para cancelar el resto de oenegés y es que han incumplido con la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro; con la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su reglamento y la Ley de Agentes Extranjeros.

Según la exposición de motivos que expuso Rodríguez y con los supuestos informes que expuso el Ministerio de Gobernación, por medio de Franya Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, las seis organizaciones  “han obstaculizado el control y vigilancia” de dicho Departamento, ya que no han presentado los informes financieros “conforme los periodos fiscales y con los desgloses detallados, no promovieron políticas de transparencias en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron o no acordes a sus fines y objetivos por los cuales se les otorgo la Personalidad Jurídica”.

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El articulado de la Ley señala que los “bienes y acciones que pertenezcan a las Asociaciones/Fundaciones, tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia”.

Unas 87 oenegés han sido despojadas de su personería jurídica por el Parlamento dominado por el orteguismo desde diciembre del 2018.