Juicio colectivo contra opositores “ilustra la parodia de la justicia” en Nicaragua, critica HRW

El juicio colectivo contra siete opositores al régimen de Daniel Ortega programado para este martes, entre ellos tres que mostraron su interés de competir por la Presidencia en las elecciones del año pasado, es calificado como “una burla que ilustra la parodia de la justicia” de Nicaragua, por la organización internacional Human Rights Watch (HRW).  

El régimen juzgará hoy a Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, exaspirantes presidenciales. En los banquillos serán sentados también José Pallais y José Adán Aguerri, con quienes un día Ortega compartió mesa en un diálogo que él mismo tiró a la basura al incumplir lo firmado tras la crisis de 2018. 

A la lista se agrega Violeta Granera, Tamara Dávila y el politólogo Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, el único que no oirá en persona un casi seguro fallo de culpabilidad al terminar el juicio, pues es procesado en ausencia por no encontrarse en el país.    

Se trata del último de una serie de procesos contra personas detenidas bajo cargos absurdos que se encuentran en prisión desde mediados del año pasado. 

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“El juicio constituye una burla a la justicia: se trata de un juicio colectivo, sin garantías de debido proceso, en el cual los detenidos son procesados por ´conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional´, y en el que probablemente todos recibirán condenas exprés, a pesar de que las acciones que supuestamente justifican los cargos reflejan el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en Nicaragua”, expresó Tamara Taraciuk Broner , directora interina para las Américas de HRW. 

JUICIOS EN SERIE PLAGADOS DE IRREGULARIDADES 

Desde el 1 de febrero, al menos 14 personas han sido declaradas culpables de “menoscabar la integridad nacional” en juicios celebrados a puertas cerradas en la cárcel “El Chipote”, y no en juzgados públicos, como lo exige el derecho nicaragüense. Los juicios se realizaron en horas y concluyeron con duras penas de varios años de prisión. 

A fines de enero, el Ministerio Público anunció que se reanudarían los juicios contra los presos políticos, a quienes llamó “criminales y delincuentes”. Los procesos se encontraban suspendidos desde octubre de 2021 sin que los tribunales explicaran claramente el motivo. 

Los procesos penales se han llevado a cabo sin garantías básicas de debido proceso. Muchos detenidos estuvieron incomunicados durante semanas o meses en El Chipote, y en algunos casos, en aislamiento prolongado.  

En los casos en que se permitieron visitas, los familiares describieron condiciones abusivas de detención, incluyendo interrogatorios constantes y alimentos insuficientes.  

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Los fiscales han justificado cargos graves contra los detenidos apoyándose exclusivamente en señalamientos de que los acusados habían dado entrevistas a medios de comunicación, compartido mensajes de WhatsApp, participado en reuniones o firmado cartas en las cuales pedían elecciones libres, exigían la condena internacional de los abusos que comete el régimen o expresaban su apoyo a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses.   

En ese sentido, Human Rights Watch considera que los gobiernos del mundo deben adoptar una firme resolución sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigiendo la liberación de todas las personas detenidas y procesadas arbitrariamente y el establecimiento de un mecanismo independiente para investigar los abusos.  

“Dada la falta de independencia judicial de los tribunales nicaragüenses, la creación de un mecanismo de estas características permitiría que las víctimas sean escuchadas por un órgano independiente y abriría la puerta para que los responsables rindan cuentas por sus actos”, concluyó el organismo.