Siete presos políticos a juicio, entre ellos los excandidatos Chamorro, Maradiaga y Cruz

Este martes, la justicia de Daniel Ortega actuará contra tres de los siete nicaragüenses que le quisieron disputar la presidencia: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz. En los banquillos del régimen serán sentados también José Pallais y José Adán Aguerri, con quienes un día compartió mesa en un diálogo que él mismo tiró a la basura al incumplir lo firmado tras la crisis de 2018.

A la lista se agrega Violeta Granera, Tamara Dávila y el politólogo Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, el único que no oirá en persona un casi seguro fallo de culpabilidad al terminar el juicio, pues es procesado en ausencia por no encontrarse en el país.   

“Es un fallo predecible”, dice a DESPACHO 505 Berta Valle, esposa del opositor Félix Maradiaga. Para Manuel Orozco son “acusaciones estrictamente políticas que han sido judicializadas para criminalizar la democracia”.

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Victoria Cárdenas, que ha sufrido en carne propia la persecución del régimen, dice que su esposo, Juan Sebastián Chamorro tiene claro que el fallo no sorprenderá a nadie. “Hemos dicho que es una farsa completa y de ahí nada bueno puede salir”, advierte.

CAPTURAS SE ADELANTARON A INVESTIGACIÓN

Juan Sebastián Chamorro fue el aspirante presidencial número cuatro secuestrado por policías del régimen a mediados del año pasado, cinco meses antes de los comicios generales. Allanaron su vivienda el martes 08 de junio, al día siguiente debía ir a una cita de la Fiscalía donde lo indagaban por los delitos que supuestamente había cometido. Pero la Policía del régimen, se le adelantó a la Fiscalía y lo capturó antes de terminar la indagación.  

Para entonces, en prisión ya se encontraba el líder campesino Medardo Mairena, el periodista Miguel Mora y el conservador Noel Vidaurre que también habían postulado su candidatura a la presidencia, lo que causó que Ortega ordenara sus detenciones y traslados a El Chipote. Un fin de semana antes, fue arrestado Cruz y al día siguiente de Chamorro, en León, la Policía arrestó a Pallais.

El mismo día que detuvieron a Chamorro, arrestaron a Maradiaga, cuando este último salió del Ministerio Público, donde un fiscal lo entrevistó sobre los delitos por el que hoy será juzgado. Lo mismo que Chamorro, su arresto ocurrió cuando la Fiscalía, ni siquiera había armado su expediente. “Mi esposo es inocente, no ha cometido ningún delito, él tiene un compromiso profundo con Nicaragua y la libertad”, señala Valle en su defensa.

Minutos después de esa detención, la Policía del régimen confirmó que fue arrestado también el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y la integrante del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, Violeta Granera.

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Así en menos de una semana de aquel junio “amargo” para las libertades individuales, estos siete opositores fueron puestos bajo arresto y hoy, al cumplir más de 200 días de encierro, serán juzgados bajo la acusación de cometer “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos e incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos”.

“JUCIOS Y FALLOS UNA FARSA MÁS”

Cárdenas acusa las ilegalidades del juicio contra su esposo y los demás presos políticos como prueba de que son actos reñidos con la razón y la ley. “Comenzó con secuestros, los incomunicaron, no les permitieron abogados defensores y ahora los juicios son a puertas cerradas. Lo que va a pasar es una repetición de las violaciones a los derechos humanos que hemos venido viendo en los últimos meses”, asegura algunas horas antes del juicio.  

Explicó, por ejemplo, que en los 252 días que cumple Chamorro detrás de los barrotes, solo en la audiencia inicial vio a su abogado y “nunca estuvieron solos”. “Después de ese día no les permitieron reunirse, que es lo normal antes de un juicio, un derecho que tiene un acusado en todo caso”, señala a DESPACHO 505.  

Cárdenas coincide con Valle al asegurar que “los juicios y sus fallos son una farsa”. “Ahí todo está escrito ya”, denuncia. “Es un circo montado ya con culpables y listos para fallo y condena”, expresa.        

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Valle explica que lo que ha pasado con los primeros casos, no dejan dudas de lo que viene para los siete presos de conciencia. “Al tomar como referencia los juicios anteriores es muy fácil predecir que va a pasar con estas farsas de juicio, hemos visto condenas en los otros casos por eso no creo que haya fallos que sorprendan”, comenta.

OROZCO: “RÉGIMEN SI HA MENOSCABADO EL ESTADO”    

El investigador de Diálogo Interamericano explica a DESPACHO 505 que al régimen Ortega-Murillo no le cayó en gracia que él promoviera junto a los demás presos de conciencia, el trabajo de una comisión de “mediación internacional” para que apoyaran una solución a la crisis política que vive el país desde la rebelión cívica de abril de 2018.

Orozco señala que el grupo había realizado unas diez reuniones virtuales con el propósito de promover el diálogo y la mediación entre la oposición y el gobierno. Anota que, en la acusación en su contra, usan conversaciones vía WhatsApp entre sus miembros que ya eran de naturaleza pública y donde se habla de reformas electorales y participación política en Nicaragua.  Las usan para “aducir que coinciden con el intento de menoscabo del Estado”, dice.   

“Sin embargo –agrega Orozco-- es el gobierno de Nicaragua el que ha actuado en menoscabo del Estado, toda vez que abusó de su autoridad y atentó contra la seguridad de sus mismo ciudadanos”.

Sobre los juicios, entre los que cuenta él como acusado, Orozco dice que “fueron premeditadamente organizados con leyes que carecen de tipificación de delitos con el mero propósito de formalizar el juicio y realizar condenas”. “De ahí que no hay debido proceso desde el momento que premeditadamente se diseñan las leyes para encarcelar y enjuiciar a quienes ejercen sus derechos constitucionales”, agregó.  

Reiteró que es el régimen Ortega-Murillo el “que ha menoscabado la seguridad del Estado y su integridad constitucional, porque ellos han violado la Constitución, transgredido el derecho democrático y roto todas las normas y convenios internacionales que el Estado, está obligado a cumplir”.