Consejo de Ancianos denuncia que Ortega promueve "exterminio de los pueblos indígenas" en el Caribe

El Consejo de Ancianos de la Mosquitia nicaragüense, máxima autoridad de la población indígena en el Caribe, denunció que el régimen de Daniel Ortega permite o promueve el exterminio de las comunidades misquitas.

“No tienen buenas intenciones”, asegura el Consejo de Anciano y afirman que la pasividad de las autoridades provocan el “exterminio” de las etnias.

En un pronunciamiento del pleno de ese Consejo, luego de una reunión realizada en Bilwi, señalan que el Estado de Nicaragua, que dirige el dictador Daniel Ortega, sigue guardando silencio y omite su responsabilidad en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Los ancianos misquitos acusan al régimen de permitir o promover “el exterminio de los pueblos indígenas”, al no actuar contra los colonos que ingresan a sus territorios ilegalmente y asesinan a los miembros de las comunidades.

"La esclavitud y el sometimiento en sus propias tierras. Esa percepción se deriva del estado de terror que ha sido impuesto (por los colonos) en nuestros territorios", afirman.

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Por esta razón, los líderes indígenas dieron un plazo hasta el 21 de marzo para el Estado intervenga en la solución de los problemas, de lo contrario aseguran que lo harán ellos mismo.

ETNOCIDIO

Advierten que “el etnocidio contra la nación misquita" ha sido practicado por el régimen sandinista desde los años 80, cuando persiguió y encarceló a sus líderes indígenas y ejecutó el operativo conocido como “navidad roja” en la que fueron desalojadas de sus tierras 111 comunidades, más de 20 mil personas desplazadas y 6 mil viviendas quemadas.

El Consejo de Ancianos señaló que el exterminio de las comunidades autóctonas continúa, ahora con la invasión de los colonos que de forma violenta han ido ocupando sus tierras a vista y paciencia de las autoridades gubernamentales que no hacen nada para impedirlo.

En el pronunciamiento advierten sobre las invasiones violentas e ilegales de territorios, destruyen sus bosques, contaminan los ríos y suelos, disminuyen la biodiversidad y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población local, lo que aumenta la vulnerabilidad.

Asimismo, señalan que han alterado las formas de vida de la población indígena porque impiden las actividades de subsistencia como la caza, la pesca y la agricultura, la recolección de plantas medicinales, pequeñas actividades forestales y la transmisión de la cultura entre comunidades.

“Lo que implica un alto riesgo de de exterminio. Un etnocidio cultural”, expresan.

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Otra queja contra el régimen de Ortega es que el Estado ha permitido la inscripción de miles de hectáreas de tierras misquitas a nombre de "mestizos" en el registro público de la propiedad.

"A los colonos les han expedido cédulas de identidad haciéndolos pasar como nativos y a los asentamientos ilegales de colonos invasores los están reconociendo como comunidades indígenas", apuntan.

TRÁFICO DE TIERRA

Otra de las demandas de los líderes indígenas es el tráfico de tierra en la zona, de parte de funcionarios públicos en colusión con el partido de gobierno, ante el abandono del Estado en estas comunidades.

“Existen decenas de denuncias contra traficantes de tierras: políticos, colonos y dirigentes comunitarios plenamente identificados y que no han sido judicializados. La falta de acompañamiento en las labores de defensa de los derechos territoriales de las comunidades impide detener el proceso de colonización que se impone con el poder de la violencia, el racismo y el irrespeto a la propiedad comunal”, señalan. 

Ante esta situación, el Consejo de Ancianos del Caribe Norte se suma al pronunciamiento de las asambleas comunales emitido en diciembre del 2021 en el que dieron un plazo de 90 días al Gobierno para que intervenga en la crisis que viven esas comunidades.

EXIGENCIAS

Entre las exigencias del Consejo de Ancianos incluyen detener la colonización; investigar y judicializar a los responsables del tráfico de tierras. Adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la población indígena. Garantizar la participación de las comunidades y sus autoridades en el proceso de saneamiento, y un plan de reparación por los daños causados a sus población y sus tierras, además de garantías de no repetición.

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Asimismo, demandan “una comisión de alto nivel con observación internacional para evaluar la grave situación que viven los pueblos indígenas en sus territorios así como el daño que se les ha ocasionado, a través de las invasiones de tierras por parte de los colonos”. 

El pronunciamiento fue enviado a todas las embajadas extranjeras acreditadas en el país, las representaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos, la ONU, la OEA, la Unión Europea y El Vaticano.