La OEA considera “abominable” que el régimen mantengan como presos políticos a enfermos terminales
El organismo interamericano exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, algo que ve como un paso fundamental hacia la redemocratización del país.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado el fallecimiento del exguerrillero Hugo Torres bajo resguardo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde mediados de junio de 2021. “La OEA condena categóricamente la persecución y detención arbitraria por razones políticas en el país”, dice un comunicado que fue compartido por el secretario general, Luis Almagro.
La OEA también ha catalogado de abominable el hecho de que la dictadura mantenga a presos políticos, con enfermedades, terminales sin asistencia médica necesaria, violando sus derechos fundamentales, como fue el caso de Torres, quien se encontraba en un estado de salud delicado como admitió el propio Ministerio Público la tarde de este sábado.
“De igual forma, la Secretaría General exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, paso fundamental hacia la redemocratización del país. Nicaragua necesita otro camino distinto al de la represión, la persecución y la violación sistemática de los derechos de los nicaragüenses”, dijo el organismo interamericano.
El régimen de Ortega ha admitido este sábado que se negó a liberar al exguerrillero Hugo Torres, pese a saber que su estado de salud estaba deteriorado. Un comunicado de prensa del Ministerio Público señala que el general en retiro falleció por “causa de enfermedad”, tras ser ingresado en un hospital de la capital Managua.
Oacnudh denuncia muerte de Torres
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en su cuenta de Twitter que lamentaba el fallecimiento de Torres y expresó su solidaridad a sus familiares.
El organismo anotó que durante meses estuvo privado de libertad en condiciones inhumanas y sometido a un proceso penal sin garantías.
Además, dijo que desde su detención el 13 de junio del año pasado fueron violados, junto a los de más de 40 personas, sus derechos humanos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. La oficina exhortó al Gobierno de Daniel Ortega a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente.
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