El Ministerio Público admite que Hugo Torres tenía un estado de salud “deteriorado”, pero se negó a liberarlo 

El régimen de Daniel Ortega ha admitido este sábado que se negó a liberar al exguerrillero Hugo Torres, pese a saber que su estado de salud estaba deteriorado. Un comunicado de prensa del Ministerio Público señala que el general en retiro falleció por “causa de enfermedad”.

“Desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido de manera adecuada, donde siempre estuvo acompañado por sus hijos Hugo Marcel y María Alejandra, así como por su yerno, Alejandro Ernesto Martínez, sin embargo, falleció a causa de los padecimientos que tenía”, dice la comunicación del Ministerio Público.

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En la misiva, publicada horas después que los medios de comunicación confirmaron la muerte, elMinisterio Público admitió que que Torres mostraba un deteriorado estado de salud y fue por razones humanitarias que pidió a la autoridad judicial la suspensión definitiva del inicio del juicio oral y público, “lo que fue autorizado por el judicial”.

“El Ministerio Público, como parte del sistema de justicia penal, continuará contribuyendo a mantener la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica, así como la tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República”, agrega.

Los organismos defensores de derechos humanos señalan a Ortega de responsable

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Más señaló a Daniel Ortega de ser responsable de la muerte de Hugo Torres. Esta misma semana, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que el general en retiro se encontraba delicado de salud. 

El Colectivo recordó que Torres estaba encarcelado arbitrariamente desde junio 2021 por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por más de dos meses se desconocía su condición de salud.

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“Muere a los 73 años sometido a un injusto encarcelamiento con un encierro en condiciones inhumanas con tratos crueles y degradantes”, dijo el organismo que además mencionó que toda persona privada de libertad tiene derecho a la vida, a la salud, a la seguridad e integridad personal y es responsabilidad del estado la protección de dichos derechos.

“Es urgente la libertad inmediata de todas las personas presas políticas  cuyas vidas, salud, seguridad e integridad están amenazadas”, concluyó.