El régimen pretende ilegalizar al Movimiento María Elena Cuadra, de Sandra Ramos

A seis organizaciones sin fines de lucro les serán canceladas sus personerías jurídicas si progresa una solicitud que introdujo este viernes el diputado orteguista Filiberto Rodríguez. Entre las amenazadas se cuenta la Asociación “Movimiento de Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra”, de la dirigente feminista Sandra Ramos.

Hace una semana, los diputados del régimen de Daniel Ortega y sus aliados “demolieron” con mayoría de votos las asociaciones con las que funcionaban seis universidades. La decisión devino en la intervención primero, y ocupación después, de los bienes de las universidades, por parte de autoridades del Consejo Nacional de Universidades (CNU) que se ha plegado a las decisiones del régimen.

Como en otras iniciativas de ilegalización, el diputado sustenta su petición en informes de la dirección de registro y control de las organizaciones no gubernamentales que tiene su funcionamiento en el Ministerio de Gobernación (Migob). Rodríguez las acusa de inconsistencias en sus informes financieros y anomalías en su funcionamiento y el de sus juntas directivas.

El diputado agregó a su lista de pedidos de cancelación a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, a la Asociación PEN Internacional/Nicaragua, a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz (Fundemuni) al Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).

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“CIERRAN ALGO HISTORICO”

Un exdirectivo de la ANPDH dijo a DESPACHO 505 que si el cierre se ejecuta, “le darán muerte a una institución histórica que defendió en los años 80 los derechos humanos”. Según contó el exfuncionario, la ANDPH nació primero en Honduras, funcionó en Nicaragua y llegó a tener sede en Costa Rica.

“Es una institución que trabajó mucho en defender los derechos humanos en lo que se conoció como corredor de la Contra (grupo armado antisandinista)”, remarcó.

Aseguró que la ANPDH, quedó desarticulada e inmóvil con la represión iniciada en 2018. Su último dirigente el doctor Álvaro Leiva, se vio obligado a buscar asilo en Costa Rica al acoger a varios manifestantes y denunciar los abusos de los que fueron víctima de parte de policías y parapolicías, especialmente en la ciudad de Masaya. Incluso medió, junto a miembros de la iglesia Católica para liberaciones de personas retenidas en ambos bandos.

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“VENGANZA, PERO PREVALECEREMOS”  

En el caso del Asociación “Movimiento de Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra”, estaba integrado la mayoría por mujeres trabajadoras de las maquilas.  La organización cumple en mayo de este año 28 años.

Su directora, Sandra Ramos, se sentó en una silla de la Alianza Cívica durante el fallido Diálogo Nacional y cuando tuvo la palabra, criticó fuertemente los abusos del régimen a quien les reclamó por obligar al país a tenerlos como gobernantes con el uso de las armas.    

Ramos, junto a varias mujeres de la organización, defendió enérgicamente las instalaciones cuando en 2020 policías amenazaron con tomársela y expulsarlas del lugar. Al conocer la iniciativa que las anularía, varias voces que se identificaron como integrantes de la organización, postearon en sus redes sociales que la acción es venganza contra las mujeres organizadas. “Pero prevaleceremos. Toda nuestra solidaridad mujeres”, decía una de ellas.      

 “Quién podrá detener el camino andado!!  ¡¡Seguimos acompañando a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias de género hasta el último suspiro. Febrero 2022”, postearon en la pagina oficial de la organización.

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Según el informe del Migob, estas organizaciones no han reportado sus informes financieros conforme los periodos fiscales. Señalan falta de transparencia en los fondos que manejan y que operan acéfalas, porque no han renovado sus directivas.

A inicios de este mes, la mayoría parlamentaria oficialista canceló 16 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo dos universidades grandes como la Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la del Trópico Seco Ucatse, de Estelí. Con estas cancelaciones la lista de onegés ilegalizadas llegarían a 83 con el gobierno de Daniel Ortega.