Comisión para Nicaragua avanza: A Ortega le quedan 68 días para negociar

Los cinco diplomáticos de “alto nivel” se reunieron este miércoles con el jefe de gabinete de la OEA. Mientras tanto Ortega no da señales de quererse reunir con la Comisión que el 11 de noviembre deberá presentar un informe. Si el dictador se niega a colaborar, tendrá consecuencias, sentenció Estados Unidos.

Los cinco diplomáticos miembros de la Comisión de “alto nivel” creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para procurar una salida negociada y pacífica a la crisis sociopolítica de Nicaragua, se reunieron este miércoles con Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de ese organismo para definir acciones coordinadas en función de su mandato, mientras el régimen de Daniel Ortega sigue sin comunicar oficialmente si recibirá o no a la Comisión en el país.

El embajador Leopoldo Francisco Sahores, subsecretario de Asuntos de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina; la embajadora Elisa Ruiz Díaz Bareiro, representante permanente de Paraguay ante la OEA; Sébastian Sigouin, director de Asuntos Globales Canadá para Centroamérica, Cuba y República Dominicana; la embajadora Audrey Marks, representante permanente de Jamaica ante la OEA, y el embajador Carlos Trujillo, representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA son los altos funcionarios que integran la comisión.

Los cinco miembros que ya se encuentran trabajando en Washington tienen como mandato llevar a cabo “esfuerzos diplomáticos al más alto nivel”, lo que implicaría necesariamente una reunión en Managua con Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero el representante del régimen en la OEA, Luis Alvarado, dijo el pasado 28 de agosto cuando se conformó el grupo que “Nicaragua no reconoce ningún Grupo de Trabajo ni Comisión que no ha solicitado, dejando entrever que la dictadura no permitirá su ingreso al país.

LEA MÁS: Sanciones de Estados Unidos a funcionarios orteguistas entran en vigencia este miércoles

Mientras tanto, el secretario general Luis Almagro destacó el encuentro de los miembros de la Comisión y aseguró que su Oficina, en coordinación con los Estados miembros de la OEA, “continúa esfuerzos en aras de institucionalidad democrática, reforma electoral y justicia en Nicaragua”.

SI ORTEGA NO COOPERA HABRÁ CONSECUENCIAS

A partir de su creación el pasado 28 de agosto, la Comisión tiene 75 días para presentar un informe ante el Consejo Permanente de la OEA y en dependencia de los resultados obtenidos este podría convocar a una Asamblea General de cancilleres donde se podría aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua y suspender al país del organismo regional.

“La Comisión tiene que reportar los hechos a la Comisión de la OEA, a los cancilleres, y la mayoría de los países no van a aceptar que Ortega niegue la cooperación no solo en las Américas, los países de Europa están vigilando el progreso que vaya a tener la Comisión. (La) presión internacional, presión económica, individual siempre siguen sobre la mesa. La Comisión no descarta que Estados Unidos y otro país tomen otras medidas”, comentó a La Prensa el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo.

LEA MÁS: Alianza Cívica invita a Comisión de la OEA a Nicaragua y aboga por rechazo a reformas unilaterales

Según el diplomático estadounidense, si el régimen Ortega - Murillo no está dispuesto a trabajar con la Comisión, “van a tener que explicar a todos los cancilleres que votaron por este mandato, incluso a los que no estaban decididos en votar en favor de la creación de la Comisión de alto nivel, cuál es la razón por la que no quieren participar y, (eso sería) que ellos (el régimen) quieren ocultar la verdad sobre lo que está pasando en Nicaragua, va a ser una conversación muy difícil. Me imagino que si no quieren participar y tratan de ocultar toda la información necesaria a la comunidad internacional, no solo a Estados Unidos va a reaccionar de una manera muy contundente”, sentenció Trujillo.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica desatada por la represión del régimen a las protestas ciudadanas iniciadas para exigir el adelanto de elecciones en el país, el restablecimiento de las libertades públicas y justicia para los más de 300 asesinados por fuerzas policiales y paramilitares de Ortega.