CNU tomará el control de universidades ilegalizadas por la dictadura

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha salido al paso a las graves consecuencias de la ilegalización de cinco universidades, con la promesa de asumir la continuidad de formación académica de todos los estudiantes de esos centros de educación superior que resultan afectados.

En un comunicado emitido a pocas horas de la cancelación exprés de la personalidad jurídica de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Paulo Freire,  Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH) y la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), del CNU asegura que a partir de este mismo miércoles 2 de febrero "garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior".

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El CNU señala que la anulación de la figura que permitía el funcionamiento de los cinco centros de educación superior es consecuencia del "incumplimiento a sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas".

El órgano rector de la Educación Superior en Nicaragua, también instrumentalizado políticamente por la dictadura Ortega-Murillo, replica de esta forma la "solución" que ofreció a los estudiantes de la también ilegalizada Universidad Hispanoamericana (Uhispam).

¡QUÉ PASARÁ CON LOS BIENES?

No obstante, no indica si tomar el control de la situación que genera zozobra entre miles de estudiantes y trabajadores afectados, implica la ocupación de los bienes inmuebles donde operaban hasta hoy esas instituciones académicas.

El decreto contempla que "los bienes y acciones que pertenezcan a las Asociaciones, tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia".

La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó de manera urgente un decreto de cancelación de personalidad jurídica de 14 organizaciones y fundaciones, entre ellas las cinco universidades, una práctica represiva que viene implementando la dictadura contra oenegés vinculados a figuras incómodas o que no se pliegan a sus métodos de control y abuso de poder.

Hasta el año 2021, la dictadura de Daniel Ortega, con la ventaja que le da tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, había ilegalizado 57 organizaciones nacionales e internacionales.

En lo que va del periodo legislativo, que arrancó el pasado 9 de enero, ha cancelado 19 personalidades jurídicas, la mayoría dedicadas al quehacer formativo. Las primeras afectadas en 2022 fueron tres asociaciones universitarias: Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (FUMLAC), Asociación pro Universidad Agropecuaria de la Quinta Región (1993) y a la Asociación Pro Universidad de Jinotega (1994).

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La medida la sustentó en acusándolas de incumplir y obstaculizar la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones  civiles que lleva el Ministerio de Gobernación. Las señala de no reportar estados financieros con desglose detallados conforme los periodos fiscales “promoviendo la falta de transparencia en la administración de los fondos desconociéndose la ejecución de los mismos y sí fue acorde a  los objetivos y fines de los mismos”.