Sanciones de Estados Unidos a funcionarios orteguistas entran en vigencia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este martes el reglamento de aplicación de sanciones a Rosario Murillo, Laureano Ortega y otros funcionarios orteguistas. El reglamento además impone una serie de limitaciones a personas e instituciones financieras para transar con los sancionados.

Las sanciones de Estados Unidos contra Rosario Murillo, Laureano Ortega, Fidel Moreno y otros funcionarios del régimen de Daniel Ortega —señalados de cometer graves violaciones de derechos humanos y corrupción— serán efectivas a partir de este miércoles 4 de septiembre con la entrada en vigencia del reglamento de aplicación de las medidas que publicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de ese país.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está emitiendo un reglamento para implementar la Orden Ejecutiva 13851 del 27 de noviembre de 2018 (“Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”)”, indica el documento publicado este martes por el Departamento del Tesoro.

El pasado 21 de junio, la OFAC incluyó en su lista de funcionarios orteguistas sancionados a Sonia Castro, Gustavo Porras, Orlando Castillo y Óscar Mojica, engrosando la lista de 10 operadores del régimen sancionados por Estados Unidos que han estado involucrados en la represión desatada por la dictadura a partir de abril de 2018.

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Fidel Moreno, Francisco López, Francisco Díaz, Nestor Moncada Lau, Laureano Ortega, Rosario Murillo, y el  banco de Ortega, Bancorp ya habían sido sancionados por la potencia americana. En la lista negra de Estados Unidos también está Roberto Rivas, quien fue sancionado en diciembre de 2017 por sus abundantes actos de corrupción en sus tiempos como magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral.

Las sanciones se incrementaron tras la emisión en diciembre de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump donde estableció que la situación en Nicaragua, incluyendo la respuesta violenta del régimen de Daniel Ortega a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018; el desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho; su uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles, así como su corrupción que conduce a la desestabilización de la economía de Nicaragua, “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

CAMPO DE APLICACIÓN ES EXTENSO

A todos los sancionados “se les aplicará el bloqueo de bienes y propiedades en Estados Unidos, cuentas asociadas al sistema financiero norteamericano; mantenimiento de fondos en cuentas remuneradas, sean inversión y reinversión”, agrega el reglamento de la OFAC.

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El Departamento del Tesoro también impone nuevas normativas a personas e instituciones financieras estadounidenses para transar con los sancionados y el campo de acción y aplicación de la normativa hacia las entidades financieras es bastante amplio:

“El término institución financiera estadounidense significa cualquier entidad estadounidense (incluidas sus sucursales en el extranjero) que se dedique a aceptar depósitos, realizar, otorgar, transferir, retener o negociar préstamos u otras extensiones de crédito, o comprar o vender divisas, valores, futuros u opciones de productos básicos, o adquirir compradores y vendedores de los mismos, como principal o agente”, explica el documento.

Las instituciones financieras también incluye “bancos, cajas de ahorros, compañías fiduciarias, corredores y corredores de valores, corredores y corredores de futuros y opciones, comerciantes de contratos a plazo y de divisas, bolsas de valores y de productos básicos, corporaciones de compensación, compañías de inversión, planes de beneficios para empleados y compañías tenedoras estadounidenses, afiliadas estadounidenses o subsidiarias estadounidenses de cualquiera de los anteriores”, detalla la OFAC.

ORTEGA PRESIONADO POR SANCIONES

El acto por el 40 aniversario de la Revolución Sandinista del pasado 19 de julio estuvo dominado por el tema de las sanciones impuestas a funcionarios represores, desde la misma tarima donde Ortega las deploró, también salieron súplicas para cesen este tipo de medidas.

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“No podemos admitir sanciones, porque para que se aplique una sanción tiene que estar fundamentada en el derecho internacional, de lo contrario ningún Estado tiene la potestad de sancionar a otro estado… y al final de cuentas sufren los pueblos”, dijo el dictador.

“Se tienen que desaparecer de la práctica, de la política mundial las agresiones de tipo económico, como se están practicando ahora como nunca en la historia”, imploró.