Abogados denuncian "implacable persecución" del régimen para dejar indefensos a presos políticos

Abogados y defensores de derechos humanos de Nicaragua denunciaron que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce una "implacable persecución" en su contra para provocar temor, obligar al silencio o el exilio y dejar en la indefensión a los presos políticos y en impunidad los crímenes cometidos por el Estado.

Durante una conferencia organizada por el Colegio de Abogados de Barcelona, España, representantes de organizaciones de juristas y de derechos humanos, destacaron que en Nicaragua el régimen de los Ortega-Murillo, además de someter a cárcel arbitraria a opositores y activistas defensores, también los somete a la indefensión utilizando el método de intimidación, persecución y criminalización contra los abogados que se atrevan a representarlos en los procesos judiciales que les han abierto y contra las personas y organizaciones que aboguen por ellos.

Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca+, advirtió que la defensa de derechos en contexto de dictadura es altamente riesgosa y difícil por la “demolición total del sistema jurídico y el Estado de Derecho” que practica el régimen.

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Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) unas 355 personas han sido asesinadas durante la represión gubernamental contra las protestas sociales iniciadas en abril de 2018.

A la fecha hay al menos 170 presos políticos y 150 mil nicaragüenses que han salido del país en busca de refugio y ponerse a salvo de la represión.

DEFENSORES BAJO CONSTANTE PERSECUCIÓN

En ese contexto, según expuso Flores, los defensores de derechos humanos y los abogados que buscan ejercer la representación legal de los detenidos, han sufrido amenazas, ataques, allanamientos contra oficinas de organismos al punto que decenas de juristas y defensores han tenido que migrar en busca de asilo en otros países de la región e incluso a Europa.

A esto se suma la represión desatada contra las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se dedicaban a la defensa de los derechos humanos, salud, derechos de las mujeres , educación y producción. Al menos 64 organizaciones han sido canceladas desde 2018.

Alexandra Salazar Rosales, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), aseveró que, como parte del asedio y la criminalización contra todo opositor y activista defensor, el Estado ejecuta “mala aplicación de la Ley”.

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Otra forma de imponer zozobra entre los juristas y defensores es que el Sistema de Justicia mantiene acechados y “anotado” a todo abogado que haya impulsado o que inicie la defensa de los presos políticos.

Ese es el caso del abogado Roger Reyes, que inició la defensa de algunos de los presos políticos y actualmente también está detenido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

En el taller fueron destacados los casos de los abogados María Oviedo, una activa defensora de presos políticos y a la vez defensora de derechos humanos encarcelada. También el caso de los Ana Margarita Vijil y de José Pallais quienes son abogados, que bien podrían asumir sus propias defensas como lo establece la Ley, pero se los impiden.

Por su parte, Eilyn Margarita Cruz Rojas, de Acción Penal, una organización que también busca ejercer la representación legal de los presos políticos y la defensa de sus derechos humanos, criticó que la mayoría de las vulneraciones implica la violación al sistema jurídico y al menoscabo de las leyes del país y esas acciones, contradictoriamente son cometidas por las instituciones del Estado que deben tutelarlos.

“El Ministerio Público (MP), el Legislativo, el Poder Electoral, el Judicial, que les corresponde salvaguardar los DD.HH asumen una actitud omisiva y la PDDH no ve nada”, denunció.