Jefe policial denunció a opositor condenado por Ciberdelitos porque “ponía en riesgo” a Daniel Ortega

El comisionado Ramón Quintana, jefe de la Policía de Chichigalpa, en el departamento de Chinandega, fue quien denunció a Donald Alvarenga, el primer opositor declarado culpable por “propagación de noticias falsas” bajo la Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua. 

Donald Alvarenga fue sentenciado a siete años y medio de cárcel por los delitos de “Ciberdelitos” y “menoscabo a la integridad nacional” bajo la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) y la Ley de Soberanía (Ley 1055). 

El juicio contra el opositor revela cómo funciona el tendido territorial para ejecutar actos de espionaje político contra todo opositor. Fue detenido el 6 de noviembre, un día antes de las “elecciones” en las que Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo.  

La audiencia se extendió por casi 14 horas el pasado el 13 de enero en el juzgado Distrito Penal de Juicio de Chinandega, que preside la jueza Rosa Velia Baca Cardoza. Ahí estaba la fiscal María Pérez Mojica, el acusado y su abogado defensor Norvin Cruz.  

COMISIONADO CONFIRMA ESPIONAJE POLÍTICO 

La Fiscalía basó su acusación en el testimonio de siete policías, empezando con el comisionado Ramón Quintana, jefe de la policía de Chichigalpa.  

El comisionado orteguista confirmó en sus declaraciones que él fue quien interpuso la denuncia en contra del opositor de Chichigalpa, ya que "ponía en riesgo a los ciudadanos, al Presidente de la República (Daniel Ortega), nuestra institución y los mismos oficiales”, según la memoria de la audiencia a la que accedió DESPACHO 505.

En su declaración también mencionó que le venían dando seguimiento al acusado desde el 2019, con “fuentes secretas” del municipio de Chichigalpa,  civiles, oficiales de la policía de inteligencia y el jefe fe de sector de la zona de nombre Ramón Pastora. 

Al opositor le daban monitoreo a través de las redes sociales porque, según el comisionado, se estaría dedicando a crear “perfiles de Facebook falsos”, para hablar en contra de la institución policial, el Gobierno y que sus comentarios “dañaban y representaban una amenaza para el país”. 

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En la operación de espionaje político también entraba en acción el “jefe de sector”, una figura generalmente delegada a un miembro del Frente Sandinista.  

Según el jefe policial de Chichigalpa, el jefe de sector confirmó que antes de las elecciones de 7 de noviembre, Donald Alvarenga se reunía con “personas extrañas” que llegaban a su casa de diversas partes del país. 

El comisionado orteguista reveló que ellos lograron infiltrar a personas en las reuniones secretas que hacía el opositor y que en ellas el acusado decía a los que asistían que no votaran en las elecciones, que el proceso era un fraude orquestado por el dictador (Daniel Ortega), a quien consideraba un delincuente. 

En el juicio también declaró el sub oficial mayor de Inteligencia Havessin Raúl Blanco, quien llegó a reforzar la versión del comisionado Quintana. 

El oficial de Inteligencia dijo que conocía al acusado porque desde julio del 2019 su jefe inmediato, el comisionado Julio Romero, le asignó a Chichigalpa y en específico “investigar a personas o a grupos que atentaban contra la seguridad de los ciudadanos y la población”. 

Este oficial aseguró que el acusado mencionaba que los candidatos del FSLN, Daniel Ortega y Rosario Murillo, eran corruptos y que invitaba a la ciudadanía a manifestarse en las calles con una cacerola y una cuchara. 

También declaró el sub inspector Wilson Díaz Ríos, perito de inspecciones oculares de la Policía de Chinandega y quien afirmó haber inspeccionado el celular del acusado, el cual funcionaba con una tarjeta Tigo con número 8875xxxx. 

Según el oficial, el acusado tenía conversaciones en WhatsApp en las que criticaba al Gobierno.  

MENSAJES EN WHATSAPP SON VISTOS COMO DELITO 

Las “pruebas” de la Policía, que se contraponen al derecho a la libertad de expresión, son que en el teléfono había mensajes como “Unidad Nacional, la Unidad es la ruta”, “si el pueblo no tiene paz, el gobierno (…) tampoco”. O publicaciones en Facebook en las que había llamados a quedarse en casa el día de las elecciones o mensajes como “patria libre para vivir”,  “elecciones  libres ya”. 

El perito concluyó que, con sus publicaciones, el opositor “incita a la violencia y zozobra de la ciudadanía”.  

En el juicio también declararon los oficiales Katherine Loásiga Torrez, oficial de control de evidencias de la policía de Chinandega; el teniente Brigido Bustamante Bolaños, perito de criminalística; el inspector Luis Manuel Caballero; y el subcomisionado Roberto Andino Blanco, jefe de Auxilio Judicial de la policía de Chinandega.  

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La audiencia de juicio continuó con los alegatos finales de las partes y en cual la fiscal manifestó que “se demostró” con la investigación policial, que el acusado se dedicó desde el 2019 a noviembre del 2021 a cometer los delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y a “propagar noticias falsas”.  

La Defensa alegó que no es delito ni está prohibido reunirse con personas y que oponerse al Gobierno no hace acusado un delincuente. El abogado consideró que hay una manipulación entre hacer comentarios en redes sociales y publicar noticias falsas.  

DICTADURA QUIERE ENVIAR MENSAJE DE INTIMIDACIÓN  

Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, considera que con esta sentencia la dictadura quiere enviar un mensaje claro de intimidación a la población y evidencia la continuación de una sistemática represión y persecución política bajo completa impunidad. 

“Es la continuación del estado de terror, sembrar el miedo entre la población. La aplicación de esa ley evidencia que se sanciona la verdad e impone la mentira como verdad oficial”, dice Carrión. 

Por su parte, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, sostiene que el fallo de culpabilidad refleja la instrumentalización del Poder Judicial como nuevo aparato represor predominante contra la ciudadanía. 

Gonzalo Carrión agrega que el caso en general es “una arbitrariedad” e inconstitucional porque viola los derechos a la reunión organización y expresión consignados en la Constitución Política de Nicaragua.