Justicia salvadoreña pide a la Interpol detener a Mauricio Funes, asilado en Nicaragua

En septiembre de 2016, Daniel Ortega otorgó asilo político al expresidente salvadoreño, su esposa y tres de sus hijos. Funes acumula cuatro órdenes de captura por casos ligados a corrupción y el desvío de más de US$351 millones.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador solicitó a la Interpol de El Salvador emitir una difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes y otros implicados en el caso denominado Corruptela, quienes según la Fiscalía de ese país, crearon una red de corrupción estatal con la que habrían desviado más de US$351 millones.

“Deberá de realizarse las coordinaciones pertinentes con las autoridades de Interpol El Salvador, a efecto que dicha institución realice las gestiones pertinentes a fin de que procedan a la búsqueda y ubicación de los imputados ausentes: Aldo Viniccio Parducci, Carlos Mauricio Funes Cartagena, José Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Francisco José Paredes y Edgard Isaías Marquez”, indica la resolución del Juzgado salvadoreño emitida este lunes y difundida por El Faro.

Mauricio Funes acumula cuatro órdenes de captura por casos ligados a corrupción. Funes es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, peculado, malversación, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias durante su presidencia (2009 – 2014).

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La justicia salvadoreña resolvió este lunes librar un oficio a la oficina de Interpol El Salvador, “informando la medida cautelar de la detención provisional decretada por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, a fin de que se emita la respectiva difusión o notificación roja, para que se proceda a la búsqueda y ubicación de dichos procesados, a fin de que se haga efectiva la orden de captura de los mismos”.

ASILADO EN NICARAGUA

El 6 de septiembre de 2016, el régimen de Daniel Ortega otorgó asilo político al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, su esposa y tres de sus hijos.

Su casa está ubicada en Las Colinas, una de las zonas residenciales más exclusivas de Managua.

En declaraciones a Confidencial, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) recordó en septiembre de 2016 que Nicaragua es parte de la Convención Interamericana Contra La Corrupción, y por tanto, está obligado “a facilitar y colaborar con los Estados que buscan a individuos acusados”.

“La Constitución establece en el artículo 42 que se le da refugio a quien lucha por la paz y defiende los derechos humanos de sus países, y que corren grave peligro de muerte…. Pero a quienes son investigados por corrupción se les aplica la Convención”, explicó Carrión.