Ortega congela el salario mínimo

La crisis desatada por la dictadura en 2018 ha provocado que la paga mínima de los trabajadores se congele hasta 2020. Economistas coinciden que la medida protege el empleo, pero advierten de una pérdida del poder adquisitivo y mayor pobreza.

Las finanzas de miles de trabajadores de Nicaragua se verán presionadas por el congelamiento del salario mínimo y el incremento constante del costo de la canasta básica. La medida tomada por el Ministerio del Trabajo (Mitrab), sindicatos y las mipymes hasta cierto punto protege el empleo, pero es una consecuencia directa de la crisis económica derivada por la inestabilidad política que vive el país y a la que Daniel Ortega se empecina en prolongar.

La Mesa Negociadora se entablará hasta febrero de 2020 para revisar la tabla. “Llegamos a consenso tripartito en la Mesa de Salario Mínimo, prevaleció el compromiso de proteger el empleo actual garantizando estabilidad laboral. No se incrementará el salario mínimo. Nos volveremos a reunir el 29 de febrero del 2020 y Dios, ha de querer, en mejores condiciones”, dijo el presidente del Consejo Nicaragüense de Pequeña y Mediana Empresa, Leonardo Torres.

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El último incremento aprobado fue de 10.4%, en marzo de 2018, un mes antes del estallido social. Aunque el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no estuvo presente en las negociaciones, consideró que un aumento habría tenido un impacto en el empleo formal, que ya se ha visto mermado por la crisis, la reforma tributaria  y a la seguridad social. Un aumento hubiera ocasionado que más personas quedaran desempleadas, coincidieron empresarios. Aproximadamente 300,000 empleados del sector privado reciben el salario mínimo.

“El primer impacto es que se redujo el poder adquisitivo, prácticamente tenemos una inflación acumulada que está llegando al 4% y una interanual que está en 6.5%, al aumentar los precios y no moverse el salario mínimo, lo que genera es una pérdida de poder adquisitivo”, valoró el economista independiente Luis Murillo.

La titular del Ministerio del Trabajo, Alba Luz Torres, señaló por su parte que la medida permitía mantener estable el empleo, y que la decisión tomó cuenta el comportamiento de la inflación y el el crecimiento económico. Esta es la primera vez en diez años desde que Ortega llegó al poder que el salario mínimo no es ajustado. Los sindicatos, que días antes reclamaban un aumento salarial, finalmente se plegaron al clamor del sector privado de proteger el empleo.

Si bien la medida adoptada por el Gobierno es sensata, considerando que un incremento habría desequilibrado más sus propias finanzas al ser el mayor generador de empleo, algunos especialistas consideran que aumentar al menos 5% el salario mínimo hubiera ayudado a paliar los gastos de una canasta básica más cara, que este año experimentó su quinta alza consecutiva, alcanzando 14,159.7 córdobas.

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El costo total de la cesta  básica aumentó 75.38 córdobas en julio, ubicándola en 14,159.79 córdobas. De ese total, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), 9,472.32  córdobas corresponden a alimentos. En cinco meses de alza consecutiva la canasta acumuló 745.08 córdobas más de lo que costaba a hasta febrero, después de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT), que eliminó exoneraciones y exenciones a una decena productos.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) comparte que la ley establece un balance entre el aumento de los precios y la actividad económica, sin embargo en la discusión en la mesa pesó la situación económica del país.

El régimen de Daniel Ortega también decidió suspender el incremento salarial del 5% a los trabajadores del Estado, y a la vez ordenó la suspensión de nuevas plazas laborales, las que a partir del próximo año deben ser autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

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El Carmen también autoriza al Ministerio de Hacienda modificar y actualizar las remuneraciones del personal en los proyectos de presupuestos institucionales “en los casos debidamente justificados y ajustados a la política correspondiente a estos conceptos de servicios personales”.

Los argumentos del régimen se sustentan en la teoría del fallido golpe de estado que provocó una caída de la economía -3.8% en el 2018. Para este año las fuentes oficiales pronostican un decrecimiento de 2%, y esperan que la actividad económica alcance un positivo 2% en 2020, una cifra poco real dada la intransigencia de la dictadura de levantar la economía a punto de medidas económica y no aplicando soluciones políticas a la crisis que se vive el país desde abril de 2018.

El origen del problema es político, agregó el economista de Funides.