Inseguridad ciudadana creció en el 2021, Ortega empleó la violencia estatal

La inseguridad ciudadana aumentó durante el 2021, agravada por la combinación de la violencia común y estatal, que mantiene sumida a la población en un estado de miedo, según expertos en temas de seguridad consultados por Despacho 505.

Pese a que el régimen Ortega-Murillo, a través de la Policía, asegura que Nicaragua sigue siendo el país con menor índice de homicidios en la región, para la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, la tasa de criminalidad y la violencia política han aumentado considerablemente en el país.

En el acto del 42 aniversario de la Policía, el director general y consuegro del dictador Daniel Ortega, Francisco Díaz, aseguró que en Nicaragua la tasa de homicidios se mantenía en 8 por cada cien mil habitantes y eso convierte al país en el más seguro de Centroamérica.

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Según Díaz, la tasa promedio de asesinatos en la región ronda los 23 por cada 100 mil habitantes.

DATOS NO COINCIDEN

No obstante, Elvira Cuadra pone en duda la afirmación del jefe policial, ya que hay una tendencia al aumento de los hechos de violencia en todo el país, por lo tanto, la inseguridad ciudadana ha aumentado.

La experta puso como ejemplo el alto número de femicidios ocurridos durante el año pasado. El más reciente informe del organismo Católicas por el Derecho a Decidir, da cuenta de 71 femicidios en 2021.

Un estudio coordinado por Cuadra, en octubre, determinó que la violencia en Nicaragua es "sostenida y creciente" y había dejado en el primer semestre más de 190 personas muertas, 25,8%, más que todos los homicidios ocurridos en el 2020.

La especialista asegura en su estudio que "los asesinatos en Nicaragua, violencia letal en general, muestran una violencia sostenida y creciente en el tiempo”.

Por ejemplo, según la especialista en temas de seguridad, las más de 190 muertes a causa de la violencia letal registradas en el primer semestre del 2021, superó los 152 asesinatos reportados por la Policía Nacional en 2019 y los 151 de 2020.

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La inseguridad es mayor en el campo, donde se ha registrado 58,8% de los homicidios, en la zona urbana es del 41,2%. La especialista destaca en su análisis que la violencia afecta en mayor parte a personas jóvenes pues al menos el 53% del total de víctimas tenía entre 20 y 40 años.

Otros hechos de violencia que el régimen calla son los asesinatos, secuestros y robos que sufren las comunidades indígenas del Caribe Norte, donde, según denuncias de dirigentes comunales, han asesinado a 61 indígenas, en el 2021 reportaron 21 homicidios.

VIOLENCIA ESTATAL

La experta en seguridad ciudadana lamentó el incremento de la violencia ejercida desde el Estado por la fuerzas represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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“Identificamos dos formas de inseguridad: una está dada por la violencia política gubernamental que tuvo una escalada significativa desde mayo y se mantuvo en todo el resto del año con el resultado de más de 50 personas opositoras encarceladas (...), y que han tenido además el efecto de imponer silencio sobre los medios de comunicación y sobre las personas”, detalló la analista. 

Dijo que “hay una percepción más alta de inseguridad de parte de la población, algo que no ocurría en el país en años anteriores”, y sostuvo que ahora la población tiene temor en dos sentidos, “a la violencia gubernamental y a la delincuencia común''.

POBRE, DESEMPLEO Y DROGADICCIÓN

Otro de los analista consultado por DESPACHO 505, a condición de anonimato, dijo que la percepción de inseguridad ciudadana ha aumentado.

Agregó que el régimen Ortega-Murillo oculta datos sobre todo los relacionados al desempleo y al consumo de droga, por vender una imagen de falsa seguridad.

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El experto indicó que otro de los factores que ha incidido en el aumento de la violencia está relacionada a la liberación de presos comunes que vuelven a delinquir.

Desde el 2016 hasta la fecha Ortega ha liberado a 26,386 reos comunes que habían sido condenados por diversos delitos.

“Muchos de los presos comunes libres reinciden. Resulta difícil conocer cuántos de los liberados sin cumplir sus penas vuelven a cometer delitos porque el Estado no da a conocer esos datos, sin embargo, se sabe que muchos reinciden y vuelven a la cárcel”, especificó el experto.