Ejecuciones en Mulukukú: dos de cinco excarcelados políticos ultimados a tiros

En los últimos nueve meses dos excarcelados políticos del municipio de Mukukú, en el Caribe Norte, fueron asesinados a tiros. En ninguno de los casos hay detenidos. Tampoco se conoce que las autoridades tengan en marcha procesos investigativos para perseguir esos crímenes.

Las víctimas son los opositores al régimen Ortega-Murillo Ernesto Jarquín Orozco (54 años)  y  Marlon Antonio Castro López (36), quienes el 11 de junio del 2019 fueron parte de un grupo de cinco presos políticos puestos en libertad. Todos purgaban prisión en el Sistema Penitenciario de Tipitapa por sumarse a las protestas cívicas en 2018.

El primer asesinado fue Jarquín Orozco, quien era reconocido como opositor en su zona. El crimen en su contra se ejecutó el  29 de marzo, cuando se encontraba  en  un auto lavado del barrio 30 de Mayo de este municipio.

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La víctima había llegado al local, a eso de las cinco de tarde, para contratar la limpieza de su camioneta y, sin más, se presentó un hombre hasta hoy no identificado por las autoridades y le descargó cinco balazos. Las razones del crimen siguen siendo un "misterio".

El crimen  que permanece en la impunidad  causó conmoción entre los habitantes de Mulukukú  y los opositores de todo el país que exigían un esclarecimiento. No obstante, la Policía orteguista en una nota de prensa asoció justificó el crimen alegando que el opositor tenía  un amplio historial delictivo, lo cual causó más indignación a la  población, pero el caso fue cerrado.

SEGUNDO ASESINATO

El segundo asesinato ocurrió hace 72 horas, siendo la víctima Marlon Antonio Castro López , conocido por los excarcelados políticos  como “El Charrito”. Su cuerpo   fue encontrado con varios impactos de bala en horas de la mañana del  26 de diciembre junto a los cadáveres de otros dos hombres.

Hasta hoy la Policía guarda silencio sobre el triple  asesinato y  “lo único que se conoce es que los tres cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en la comunidad Santa Rita", a unos 26 kilómetros al norte  del casco urbano de Mulukukú”, detalló un excarcelado que compartió celda con Castro López

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Se presume que las tres víctimas fueron asesinadas en otro lugar la noche del 25 de diciembre y que luego llegaron a dejar abandonados sus cuerpos a unos  800 metros del caserío de Santa Rita,  en dirección a la comarca El Corozo.

Tanto la Unión de Presas y Presos  Políticos de Nicaragua como  el Centro Nicaragüenses de Derecho Humanos  (CENIDH), han  exigido el esclarecimiento del crimen contra el expreso político, que originario de Boaco, pero habitaba con su papá en Mulukukú.

DOS ASESINADOS, DOS EXILIADOS

En 2018, Ernesto Jarquín Orozco  y  Marlon Antonio Castro López  fueron  excarcelados  con otros tres presos políticos del régimen de Daniel Ortega,  entre ellos el exalcalde  de Mulukukú Apolonio Fargas,  quién luego de recobrar su libertad decidió exiliarse en Estados Unidos.

Los otros  opositores que también fueron excarcelados son: Pedro Lumbí  y Nicolás Cienfuegos Alaniz,  este último quien también optó por irse al exilio,  según confirmó un dirigente opositor.

Tras ser liberados, los cinco fueron  trasladados  del Sistema Penitenciario de Tipitapa  hasta sus respectivas  casas por la Cruz Roja.   “El Charrito fue el primero en bajarse del  vehículo ya que lo pasaron dejando en Boaco, en casa de su mamá, y posteriormente fueron a dejar a los otros cuatro presos políticos a Mulukukú”, recordó el opositor que por seguridad de su familia pide no ser identificado.

Explicó que los cinco  fueron detenidos  en el 2018  en diferentes fechas acusados como los supuestos integrantes de un grupo que el 11 de junio de ese año, atacó una delegación policial ubicada en el caserío Pueblo Nuevo, de la comunidad Sislao Paraska, que se encuentra  a unos 40 kilómetros al noroeste del casco urbano de Mulukukú.

A Castro López la Policía lo presentó el 20 de diciembre del 2018 ante medios oficiales como integrante de un tranque y parte del grupo de atacantes de la unidad policial, acción que dejó dos oficiales muertos. Al igual que el resto de sus excompañeros de prisión fue acusado por ocho delitos  en el juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua.

EJECUCIONES COMO PRÁCTICA DEL RÉGIMEN

Si bien las autoridades no dan cuenta de estos crímenes. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de ejecuciones selectivas entre los métodos de represión contra opositores.

Incluso, un informe reciente del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos señala a la Policía y al Ejército de Nicaragua de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias.

El mismo documento recoge que organismos defensores de derechos humanos documentaron que entre octubre 2018 y agosto de 2019 parapoliciales asesinaron al menos a 30 campesinos considerados opositores al partido gobernante.

Ante estas acusaciones, la Administración de Joe Biden señaló al régimen de Daniel Ortega de no tomar medidas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento de abril 2018.