Indígenas de Río Coco dan 90 días al régimen para que desaloje a colonos, de lo contrario, "correrá la sangre"

Comunitarios de los territorios indígenas Li Aubra y Li Lamni, en las riberas del Río Coco, en el municipio caribeño de Waspam, dieron un ultimátum a los gobiernos regional y central ante el incremento de violencia de parte de los colonos.

Aseguran que están dispuestos a desalojar a los colonos a sabiendas de que tal acción producirá "muchos muertos". El plazo es 90 días.

Uno de los líderes de la comunidades originarias de la Región Autónoma del Caribe Norte, que pidió mantenerse en anonimato, aseguró a DESPACHO 505 que en una asamblea comunitaria, celebrada entre el 21 y 22 de diciembre, llegaron al acuerdo de “ponerle un ultimátum” al régimen de Ortega para desalojar a los "invasores" de la zona.

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Piden a Ortega el saneamiento de sus tierras, tal como lo establece la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 445) que reconoce la propiedad ancestral de los pueblos autóctonos sobre territorios.

“Estamos hablando de que el Gobierno debe ejecutar un desalojo de todos los colonos que han invadido nuestra tierras antes que sea demasiado tarde y la violencia sea incontrolable, si no lo hacen, pues nosotros vamos a entrar y vamos a realizar un auto saneamiento de los territorios indígenas”, dijo el dirigente comunitario.

ADVIERTEN: "VA A CORRER LA SANGRE"

Los comunitario advierten que si el régimen Ortega-Murillo sigue poniendo oídos sordos a sus demandas, serán los responsables de lo que pase en esa región, porque “va a correr la sangre, aquí va a haber muertos de los dos bandos”.

Entre los dirigentes comunitarios hay preocupación porque notan gran indolencia e indiferencia de parte del régimen Ortega-Murillo y se ven obligados a ejecutar ellos mismos el desalojo.

"Los colonos se van a resistir y los comunitarios vamos a responder". "No vamos a permitir que sigan matando a nuestra gente. El Gobierno debe pronunciarse en 90 días, de lo contrario aquí va a ocurrir una catástrofe”, advirtió.

Un líder que habló con este medio ha obtenido información de que hay “cuadros sandinistas y dirigentes partidarios” que hacen negocios con los colonos, por lo que clama justicia.

“Esos negociantes, los asesinos, las bandas armadas que han asesinado a nuestra gente debe ser desarmada y llevada a la justicia”, clama.

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En un pronunciamiento emitido por la asamblea comunitaria, los indígenas caribeños denuncian que la presencia de los colonos representa una amenaza permanente para la paz, la estabilidad y el futuro de esos pueblos.

61 ASESINATOS EN 6 AÑOS

Los indígenas denunciaron que producto de los constantes ataques armados ejecutados por los colonos en sus tierras han asesinado a 61indígenas, 21 de los cuales han enlutado a familias de Río Coco en los últimos 6 años. 

“Los colonos invaden por la fuerza nuestros territorios, asesinan, roban, desplazan a comunidades enteras, secuestran y violan a nuestras mujeres. En las comunidades hay hambre, los niños piden comida y las autoridades no hacen nada”, indicaron. 

El líder comunitario dijo además que todos los asesinatos siguen impunes. “Si el Gobierno no hace nada lo vamos a hacer nosotros los comunitarios”, advirtió. 

El documento firmado por más de 100 pobladores de las comunidades originarias de Río Coco señalaron que no pueden cultivar sus parcelas debido a que los “invasores” los persiguen para atemorizarlos y arrebatarles sus propiedades.

Además, las comunidades originarias demandan siete puntos más, entre los que destaca la necesidad de que el Estado indemnice a las comunidades indígenas por los daños causados por la invasión de los colonos; la investigación y proceso judicial contra los responsables, sean quienes sean, involucrados en la venta de tierras y sus recursos naturales.

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También exigen que se les respete su sistema de organización ancestral y la forma de elección de las autoridades comunales y territoriales sin la injerencia de los partidos políticos ni de actores con intereses ajenos a sus costumbres y tradiciones.

“Responsabilizamos desde ya al Estado de Nicaragua y su gobierno por todos los muertos y las secuelas derivadas alrededor de este tema, tanto para los indígenas como para los colonos, por su irresponsabilidad y frialdad ante las múltiples demandas de saneamiento de la población nativa”, finaliza el pronunciamiento.