Ortega revive la confiscación como arma represiva

En su afán por mantener la represión contra la oposición nicaragüense, el dictador Daniel Ortega arrastra a Nicaragua a la era de las confiscaciones, la usurpación y el robo de propiedades, y arrasa con el sistema jurídico del país, denuncian juristas consultados.

Tal como ocurrió con más de 50 oenegés, a quienes expropió de sus bienes, Ortega dio otro zarpazo, esta vez contra la Iglesia Católica a la que despojó de un edificio donado por Taiwán.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, la dictadura Ortega-Murillo está implementando “el robo” de propiedades como una forma de represión contra los que no se le subordinan y contra todo el pueblo de Nicaragua.

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Asegura que tanto Ortega como su mujer, Rosario Murillo, “se creen los dueños de la vida de los nicaragüenses”.

La defensora de derechos humanos denunció que en el caso de las oenegés declaradas ilegales han sido "saqueadas" arbitrariamente y sin fundamentos legales.

"No podemos hablar de confiscaciones, ni siquiera arbitrarias o de hecho, porque no se ha aplicado ninguna figura legal para despojar a las oenegés de sus bienes. Lo que el régimen está cometiendo es un delito de usurpación, porque la confiscación está explícitamente prohibida por la Constitución", afirmó Núñez de Escorcia.

CONFISCACIONES INICIARON EN EL 2018

Entre diciembre del 2018, año en que iniciaron las protestas sociales contra la dictadura, y diciembre 2021, los Ortega-Murillo han ordenado a sus operadores políticos en la Asamblea Nacional, la cancelación de 67 personería jurídica a oenegés, asociaciones, fundaciones y una universidad.

Además, realizó el asalto y ocupación de tres edificios donde funcionaban los medios de comunicación Confidencial/Esta Semana; 100% Noticias y La Prensa.

De acuerdo con la presidenta del Cenidh, organismo que también fue ilegalizado y sus bienes ocupados por la dictadura, “los que están en el gobierno están delinquiendo, porque no es más que un robo y deben devolver lo robado”.

Explicó que, en términos legales, la apropiación que ha hecho el régimen de Ortega sobre los bienes que le pertenecen a los oenegés y medios de comunicación asaltados no es una confiscación ni expropiaciones, sino “burdas maniobras para reprimir y asaltar a ‘manu militari’”.

“Ni siquiera se han cuidado de guardar las mínimas apariencia de legalidad, por ejemplo: la mayoría de bienes robados a los oenegés aún están inscritas a nombre de sus legítimos dueños”, dijo la abogada.

GUARDAR PRUEBAS DE PROPIEDAD ANTE PELIGRO DE CONFISCACIÓN

La abogada Martha Patricia Molina, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, señaló que utilizar el término expropiación es incorrecto, porque la Constitución Política de Nicaragua establece que "se garantiza el  derecho de la propiedad privada, de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”. 

Advierte que Nicaragua está siendo arrastrada a una época de confiscaciones y es por eso que se hace necesario que los ciudadanos, principalmente los opositores y familiares de presos políticos, que tienen bienes muebles e inmuebles, los protejan y recomienda que guarden muy bien las pruebas de propiedad de todos sus bienes “porque nos encontramos en una indefensión total”. 

La experta señala que de conformidad con las leyes del país, en caso de que un bien sea objeto de expropiación debe existir “pago en efectivo de justa indemnización'', y agrega que la Constitución explícitamente establece que “se  prohíbe la  confiscación".

CONFISCACIÓN A LA IGLESIA CATÓLICA

Tanto la abogada Molina como la presidenta del Cenidh coinciden en calificar de “insólito” el anuncio hecho por la Procuraduría General de la República (PGR) de “traspasar” a China Popular el edificio donde funcionaba la embajada de Taiwán en Managua.

El pasado 10 de diciembre, Denis Moncada, canciller de la dictadura, anunció que ponían fin a las relaciones diplomáticas con Taiwán para unirse a la China Popular y dieron de plazo hasta el 23 de diciembre a la delegación taiwanesa para abandonar el país.

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El edificio donde funcionó la sede diplomática fue donado a la Iglesia Católica haciendo un traspaso legal en forma de “venta simbólica”, sin embargo, al conocerse la donación el régimen intervino de inmediato anunciando que ese edificio será traspasado a la República Popular China. Dicha acción es considerada por Taipei como una “confiscación”.

ACCIÓN ILEGAL

La doctora Vilma Núñez de Escorcia califica la acción como ”robo” a la Iglesia Católica que ahora es la dueña por ley de los bienes muebles e inmuebles donados por Taiwán, porque el registro de la propiedad en Nicaragua es “declarativo”, no constitutivo de dominio.

“Los bienes donados por Taiwán ya le pertenecen a la Iglesia desde el momento en que se declaró la voluntad de donarlos y se firmó una escritura pública ante notario”, afirmó.

“Es insólito que el régimen ahora a través de la PGR, violando toda disposición del derecho internacional, se apropie de un valioso edificio que fue donado por Taiwán a la Iglesia Católica. El régimen se está extralimitando y suplantado a los organismos de derecho internacional”, dice Núñez.

Por su parte, Molina advierte que lo que hace la dictadura en contra de la Iglesia Católica “es una muestra más del odio indiscriminado que tienen hacia la institución religiosa”, y recordó que “la confiscación es una característica más de lo que es un Estado Criminal” que ha impuesto la dictadura Ortega-Murillo.