Régimen ordena al CNU que permita continuar estudios a universitarios de la ilegalizada Uhispam

Con la desaparición de la Uhispam al menos 200 trabajadores, entre docentes y administrativos, quedaron sin empleo y unos 3 mil 900 estudiantes quedaron en el limbo.

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  • diciembre 24, 2021
  • 05:03 AM

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) permitirá a los estudiantes de la cancelada Universidad Hispanoamericana (Uhispam) que continúen y concluyan sus estudios, aunque no aclaró si lo harán dentro de la misma casa de estudios o si serán transferiros a una del sistema público.

“El Consejo Nacional de Universidades (CNU) garantizará a los estudiantes la continuidad y culminación de sus estudios universitarios con calidad y con costos más bajos”, indicó este viernes el Ministerio de Gobernación en un comunicado.

La Uhispam, una universidad privada relacionada con el operador político de la dictadura Leonardo Torres, fue declarada ilegal por la Asamblea Nacional dominada por Frente Sandinista, le partido de Daniel Ortega. 

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A solicitud de Gobernación, los operadores políticos de la dictadura en el Parlamento despojaron a esa universidad de su personería jurídica el pasado 13 de diciembre mediante el decreto legislativo 8779, publicado en La Gaceta, diario oficial, del 14 de diciembre.

DECENAS DE TRABAJADORES AL DESEMPLEO

Con la desaparición de la Uhispam al menos 200 trabajadores entre docentes y administrativos quedaron sin empleo y unos 3 mil 900 estudiantes habían quedado en el limbo.

La cancelación de la universidad es vista como una medida de castigo político contra Leonardo Torres, quien además tiene restricción migratoria por orden de Rosario Murillo.

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Algunas fuentes han dicho que el castigo contra Torres, a quien además de despojarlo de la Uhispam también le cancelaron la legalidad del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), fue porque se le habría insubordinado a Rosario Murillo tratando de salir del país sin pedirle permiso, algo que la vocera gubernamental tomó como afrenta y no se lo perdonó.

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