Más de mil reos comunes son premiados con libertad, mientras régimen calla sobre futuro de los presos políticos

La dictadura de Daniel Ortega anunció este 21 de diciembre la concesión de libertad, bajo régimen de convivencia familiar, para más de mil reos comunes. La medida se produce en medio de las expectativas sobre la demanda de excarcelación de los al menos 167 prisioneros políticos a los que el régimen de Daniel Ortega acusa por supuesta traición a la patria, entre otros delitos.

Es la quinta excarcelación masiva que autoriza el Ministerio de Gobernación en lo que va de 2021, con lo cual la cifra de condenados por diferentes delitos que han sido devueltos a la sociedad sin cumplir sus penas asciende a 4,142 .

La excarcelación fue oficializada en un acto celebrado en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, ubicado en el municipio de Tipitapa, Managua, y que tuvo "réplicas" en los otros centros penitenciarios del país.

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Al evento en La Modelo asistió la viceministra de Gobernación Carla Salinas, la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda; el alcalde de Tipitapa César Vásquez y autoridades locales.

Según los medios orteguistas, este cambio de medida es una "nueva oportunidad para enderezar el camino y poder reivindicarse con la sociedad".

LIBERADOS SIN JUSTIFICACIÓN

Las autoridades del Ministerio de Gobernación no explicaron las razones para otorgar este beneficio. Expertos han mencionado que entre los requisitos que deben cumplir los reos beneficiarios con este tipo de medida están: pasar por una evaluación de peligrosidad realizada por un psicólogo forense; haber cumplido la pena en un 50 por ciento; tener un récord de buen comportamiento, haber realizado trabajos dentro del penal y que los delitos que haya cometido no sean graves, como homicidios, femicidios, entre otros.

Tampoco se conoce si alguno de los más de 167 presos políticos está dentro de los beneficios de esta medida, a pesar que muchos de ellos tienen padecimientos crónicos y han sufrido enfermedades como es el caso del reo de conciencia Eliseo de Jesús Castro Baltodano, a quien le dio un derrame cerebral que le ha dejado problemas para caminar y para comunicarse.

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Castro Baltodano, desde septiembre del presente año, se encuentra delicado de salud y su abogada había solicitado que le otorgaran el beneficio de arresto domiciliar, pero no fue concedido.

La comunidad internacional ha solicitado a Ortega que libere a los presos políticos, pero este públicamente ha sostenido que son autores de delitos graves. En sus más recientes comparecencias públicas, se ha referido a los opositores encarcelados como terroristas, delincuentes y hasta los ha calificado como “hijos de perra”.

En su reciente visita a Cuba, Ortega aseguró que en los próximos días la Fiscalía presentará los expedientes de cada uno donde presuntamente demuestra que recibieron fondos para desestabilizar el país.

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EXCARCELACIONES DEL 2021

En este 2021, la dictadura de Ortega ha ordenado cinco excarcelaciones masivas de reos que están purgando condena por delitos comunes. La primera fue el 25 de marzo, cuando sacó de la cárcel a 800 personas; la segunda el 27 de mayo cuando liberó a 442. El 20 de agosto salieron a la calle 900 y el 22 de octubre, unos 15 días antes de las fallidas elecciones del 7 de noviembre sacó a la calle a 1,000 reos. La última fue este 22 de diciembre con 1,000 reos según la información de los medios afines al régimen de Ortega.

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En el 2020, cerca de 8.919 presos y presas comunes salieron bajo el régimen de convivencia familiar, en seis anuncios que hizo Gobernación en el transcurso del año. Pero en agosto del 2020, la ministra de Gobernación, Amelia Coronel, durante una presentación de los planes de trabajo ante oenegés nacionales e internacionales dijo que en los últimos meses habían otorgado “beneficios legales” a 22,567 presos con el fin de promover la unidad familiar y que la decisión correspondía a una solicitud del papa Francisco.

En un informe 2020: Violencia e Inseguridad en Nicaragua, elaborado por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco indica que uno de los factores de riesgo para la seguridad ciudadana son los “los indultos otorgados por el gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes”.