Asamblea Nacional desmantela a otras nueve oenegés

La Asamblea Nacional aprobó este martes 14 de diciembre con carácter de urgencia, la cancelación de la personería jurídica a otras nueve organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. La iniciativa la solicitó el Ministerio de Gobernación y la presentaron las diputadas Nallirys Aragón y Patricia Sánchez.

Las organizaciones ilegalizadas son: Club Campestre Las Colinas, Asociación de Graduados de INCAE de Nicaragua (AGI); Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep); Asociación de Economistas de Nicaragua; Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística, (Cantur); Fundación Veritas Humanae; Fundación Hispanoamericana; Fundación de Turismo (Futurismo) y la Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup).

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El Cosup, es presidido por José Adán Bermúdez, ex miembro del cancelado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Bermúdez también es el Vicerrector General de la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam).

12 ORGANIZACIONES ILEGALIZADAS EN 24 HORAS

En menos de 24 horas, el Parlamento dominado por el orteguismo ha ilegalizado a 12 organizaciones. Ayer le canceló la personería jurídica a  la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) a la Asociación Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambas ligadas al sandinista Leonardo Torres y a la  Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), del economista Alejandro Martínez Cuenca.

La arremetida de Ortega contra Torres continúa, ya que Cantur, era presidida por él y la organización pertenecía también a la Conimipyme.

La iniciativa señala que Franya Urey Blandón, directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, remitió ayer 13 de diciembre al sancionado Gustavo Porras un informe donde le solicita la cancelación de dichas organizaciones, porque supuestamente las juntas directivas se encuentran acéfalas; además señala que presuntamente, no han reportado sus estados financieros desde el 2017 hasta el 2020 con sus respectivos desgloses, “balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencia y beneficiario final incumpliendo así con Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro”.

También las señalan de violar la Ley contra el lavado y de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

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“No han presentado los Convenios —donante y ONG sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiamiento, cartera de proyecto (s) , el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de cada uno de los organismos señalados en esta Iniciativa”, señala la exposición de motivos.

Estos son los mismos argumentos que han utilizado para ilegalizar a las oenegés durante lo que va del año.

La iniciativa además señala que los bienes de las organizaciones ilegalizadas, podrán ser liquidadas según los estatutos de las oenegés, pero “si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado , conforme la Ley de la materia”.