Canadá pide el establecimiento de un diálogo nacional sustantivo en Nicaragua

El Gobierno de Canadá pidió este lunes al régimen de Daniel Ortega que celebre un "diálogo nacional sustantivo" para superar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, permita el ingreso de una misión internacional de defensores de derechos humanos, y libere a los denominados "presos políticos".

"Canadá continúa pidiendo el regreso de los observadores internacionales de derechos humanos y el establecimiento de un diálogo nacional sustantivo", señaló la embajada de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, con sede en San José, a través de mensajes en Twitter.

La delegación diplomática recordó que el 8 de noviembre pasado, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Mélanie Joly, dijo que las elecciones generales en Nicaragua, en las que fue reelegido el dictador Daniel Ortega para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión, "no reflejaban la voluntad del pueblo nicaragüense".

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En su mensaje, Canadá se solidarizó "con todos los defensores de los derechos humanos, solicitando la liberación de los presos políticos en Nicaragua".

LA RESOLUCIÓN DE LA OEA

El pasado 8 de diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para pedir a Ortega que deje entrar al país a una misión diplomática para iniciar un diálogo sobre reformas electorales y la convocatoria de nuevas elecciones.

La resolución se aprobó con el voto a favor de 25 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo, pero no participa en este desde 1962), 8 países se abstuvieron, incluidos México, Argentina, Bolivia y Honduras, mientras que Nicaragua fue la única en votar en contra.

La iniciativa insta al Gobierno de Ortega a que "con carácter urgente y como primera medida" ponga en libertad a todos los "presos políticos" y acepte una misión de "buenos oficios" de alto nivel que debe ser autorizada por el Consejo Permanente del organismo.

Ortega se impuso el 7 de noviembre en unas elecciones en las que no participaron sus rivales políticos porque, en los meses anteriores, las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, incluida Cristiana Chamorro.

COMICIOS ILEGÍTIMOS

En reacción, la Asamblea General de la OEA, el foro político más importante del organismo, aprobó una resolución en la que aseguraba que esos comicios carecieron de "legitimidad democrática" y no fueron ni libres, ni justos, ni transparentes.

Acto seguido, el Gobierno de Ortega acusó de "injerencia" a la OEA y anunció que tenía intención de salir del organismo para lo que denunció la Carta de la OEA, su documento fundacional firmado en 1948.

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Según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA tiene que esperar dos años para que la retirada se haga efectiva.

Nicaragua vive una crisis desde la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del dictador Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.