Instituto de Liderazgo de Las Segovias presentará petición a la CIDH a tres años de la cancelación de su personería jurídica

El Instituto de Liderazgo de Las Segovias, en alianza con el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, informaron que presentarán una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la cancelación de su personería jurídica; y el allanamiento y confiscación de las instalaciones de organismo en diciembre de 2018.

El 13 de diciembre de 2018, hace exactamente tres años, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, le canceló la personería jurídica, luego sus instalaciones fueron ocupadas por la Policía y posteriormente confiscadas. Ahora funciona la Universidad Campesina (Unicam), que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

La petición que presentó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más argumenta que el dictador Daniel Ortega violó el derecho de asociación, forzó al exilio a sus colaboradores, asimismo se violentaron las garantías al debido proceso entre otros.

Haydée Castillo, quien fungió como presidenta del Instituto, señaló que en la petición están demandando resarcimiento por los daños tanto materiales como morales de sus colaboradores. "En Nicaragua en algún momento tendrá que haber justicia", expuso Castillo.

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Por su parte, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo, indicó que el Instituto presentó varios recursos tanto de amparo como de inconstitucionalidad por la cancelación de la personería jurídica, pero no han sido resueltos.

"Señalamos que en Nicaragua no hay posibilidades para que un juez o una autoridad distinta a la que asaltó el Instituto, en el este caso el Ministerio de Gobernación en complicidad con la Asamblea Nacional, no hay un órgano independiente, idóneo que pudiese hacer escuchado la demanda", explicó Carrión.

El activista de derechos humanos señaló que la CIDH puede conocer el caso, a pesar de que Nicaragua haya denunciado el 19 de noviembre, la Carta de la OEA e iniciar el proceso de salida del organismo.

Castillo explicó que la cancelación de la personería jurídica fue un “duro momento” ya que sus instalaciones fueron “asaltadas por elementos parapoliciales y de las fuerzas represivas del régimen Ortega-Murillo”.

"A pesar que el régimen asaltó esa infraestructura, la educación, conocimiento, empoderamiento está en todas las personas que durante todos estos años pasaron formándose por el Instituto, eso la dictadura no se lo puede quitar. El Instituto sigue cumpliendo su misión porque está en la conciencia del pueblo de Las Segovias", señaló la directora de la oenegé.

PUEDEN RENDIR CUENTAS

A la vez demandó la devolución de las instalaciones y la personería jurídica de la organización. Aunque sus trabajadores se han exiliados, casas de seguridad continúan documentando violaciones a los derechos humanos.

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Castillo dijo que el trabajo que realizaba la oenegé no iba en contra del marco democrático de Nicaragua, "muy por el contrario con todo orgullo podemos rendirle cuenta a la nación".

"Por eso reclamamos el hecho de que se nos haya despojado arbitrariamente de la personería jurídica y que haya sido asaltada una fundación donde se bailaba, cantaba se protegían derechos fue usada por Ortega -Murillo para preparar a paramilitares violentando la misión del instituto que era fortalecer y construir liderazgos más humanos", indicó la especialista en Ciencias Sociales.

Castillo un repaso del trabajo que realizaba el Instituto que se dedicaba a la promoción y protección de los derechos humanos en el norte de Las Segovias y la Costa Caribe de Nicaragua, así como la formación de líderes para proteger y preservar el medioambiente. Además, brindaban cursos de inglés y computación a los jóvenes de la región.

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Castillo mostró fotografías de los murales que pintaron jóvenes donde mostraban cómo querían que fuera su futuro, el cual ganó un concurso del Programa de Naciones Unidas. “En el Instituto no se daban regalos, se les enseñaba a los jóvenes, a las mujeres, a la niñez a emprender para no tener que estar obligados a votar por un partido político a cambio de una beca o que las mujeres tuvieran que evitar denunciar a sus violadores por tener que estar subordinados a los liderazgos de un partido político”, señaló Castillo.

Desde diciembre del 2018, el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado a unas 58 organismos y organizaciones nacionales e internacionales.