Orden de cierre a Uhispam y Conimipyme, las oenegés dirigidas por Leonardo Torres, aliado de Ortega

La Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Asociación Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña (Conimipyme) han sido condenadas al cierre. Este lunes, el Ministerio de Gobernación, el brazo represor del régimen de Daniel Ortega contra los organismos y asociaciones, solicitó a la Asamblea Nacional la anulación de la personalidad jurídica de ambas. En un plazo de 72 horas quedarían ilegalizadas.

Contra Uhispam y Conimipyme, dirigidas por Leonardo Torres, que es un aliado de Daniel Ortega, Gobernación alega supuestas violaciones a la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; y a la Ley 147, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, según la iniciativa de ley de decreto de cancelación de personalidades jurídicas.

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Según Franya Urey Blandón, directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, tanto la Asociación Universidad Hispanoamericana Uhispam como Conimipyme han incurrido en las siguientes faltas:

1. Junta Directiva se encuentra acéfala desde el 01/03/2021, violentando lo establecido en la Ley N ° 147.
2. No han reportado Gobernación sus estados financieros correspondientes al año 2020 con sus ingresos, egresos, balanza de desgloses detallados comprobación, proveniencia y beneficiario final incumpliendo el Articulo 13, de la Ley N ° 147, y el Articulo 38 de la Ley N ° 977, y el Artículo 14 literal b) del Reglamento de la Ley N ° 977; y origen y detalle donaciones.
3. No han presentado los convenios con donantes y oenegés, sobre sus proyectos y actividades que definan claramente sus fuentes de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines o objetivos de su fundación.

TRES CANCELACIONES EN FILA

Con el pedido de ilegalización de Uhispam y Conimipyme suman tres las acciones de Gobernación contra organizaciones sin fines de lucro. El pasado 8 de noviembre el diputado Filiberto Rodríguez patrocinó la solicitud la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg).

En el caso de Fideg, el Rodríguez alegó que “no se registró como agente extranjero incumpliendo la Ley 1040 (Ley de Agentes Extranjeros”. Según el documento, la oenegé está obligada a inscribirse porque recibe donaciones provenientes del exterior.

“No ha presentado el informe de donaciones previas provenientes del exterior. No se registro como agente extranjero incumpliendo la Ley 1040 (Ley de Agentes Extranjeros) Sujeto Obligado porque recibe donaciones provenientes del exterior”, detalla.

CACERÍA CONTRA OENEGÉS

Entre las violaciones inéditas cometidas por la administración de Daniel Ortega desde que retornó al poder, en 2007, se cuenta la persecución a las organizaciones civiles y la restricción del derecho de asociación reconocido a todos los nicaragüenses.

Hasta julio de 2021 el orteguismo había desaparecido 34 organizaciones sin fines de lucro por medio de la instrumentalización política del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional.

La férrea persecución a organización inició en 2018, en el contexto de la Rebelión de Abril, con el despojo de licencia jurídica de nueve oenegés. A esa lista sumó otra en el año 2020: la Asociación de hermanamientos municipales de Camoapa.

El resto fue ilegalizada el 28 de julio pasado, cuando la Asamblea Nacional ejecutó el pedido de cancelación de personalidad jurídica a 24 organizaciones, entre ellas 15 asociaciones profesionales médicas.

Además, la dictadura de Daniel Ortega canceló el registro de seis organismos internacionales sin fines de lucro de Estados Unidos (3), España, Suecia y Dinamarca, por supuesto incumplimiento a la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977); y la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147).