Dictadura arrecia espionaje digital en Nicaragua: 10 opositores son acusados de “ciberdelitos”

Al menos 10 ciudadanos identificados como opositores a la dictadura de Daniel Ortega y detenidos antes y después de las elecciones del 7 de noviembre han sido acusados por la Fiscalía de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” tras celebrar las sanciones de la comunidad internacional por lo que han considerado una “farsa electoral”.  

Los procesos evidencian una nueva etapa de represión sustentada en la persecución digital contra los ciudadanos que utilizan las redes sociales para manifestar su descontento con la dictadura.  

En algunos casos la Fiscalía es señalada de fabricar pruebas, pero en otros, se evidencia un espionaje digital y una interpretación antojadiza de las publicaciones para entablar procesos penales contra ciudadanos.  

DESPACHO 505 confirmó que al menos 10 opositores están siendo acusados   principalmente en base al artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.  

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Así ha sucedido con Nidia Barbosa, del municipio de Nindirí, Masaya; el campesino Santos Camilo Bellorín de Pueblo Nuevo, Estelí; y Samantha Jirón, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

GRUPOS DE WHATSAPP Y PUBLICACIONES EN FACEBOOK SIRVEN PARA ACUSAR 

Douglas Cerros Lanzas, un opositor de Ocotal, Nueva Segovia, tendrá este martes una audiencia inicial acusado de supuestamente cometer “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.   

La acusación, a la que accedió DESPACHO 505, fue presentada el 19 de noviembre en el Juzgado Distrito Penal de Audiencias de Ocotal. En ella se detalla que “desde julio del 2019 el acusado ha incurrido en acciones de menoscabo a la integridad nacional, al incitar a la desestabilización de la paz social a través de las redes sociales y en el plano físico como ciudadano”. 

Según la acusación, el opositor utilizaba Facebook y WhatsApp para difundir sus mensajes.  

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La Fiscalía indagó que en Facebook interactuaba con un perfil a nombre de “Douglas Lanzas” y que accedía a esta red social a través de un dispositivo móvil de la empresa Claro número 8856xxx.  

“En ese espacio realizó y compartió informaciones que exaltan y engrandecen las sanciones internacionales impuestas a distintos funcionarios de Nicaragua”, argumenta la sancionada Fiscalía. 

En sus publicaciones también catalogaba las elecciones del 7 de noviembre como una “farsa electoral”.  

PROCESOS VIOLAN CONSTITUCIÓN 

Según el Ministerio Público, con sus publicaciones el ciudadano “adopta un comportamiento antisocial” y sus acciones “buscan lograr un beneplácito colectivo” que, supuestamente, afecta la soberanía e independencia del Estado de Nicaragua.  

Otra de las “pruebas” que presenta la Fiscalía es la inclusión del acusado en dos grupos de WhatsApp bajo los nombres “Alianza en los Territorios” y “Unidad”. 

Detallan que a las 7:04 de la noche del 4 de noviembre, tres días antes de las elecciones, en el grupo “Alianza en los Territorios” compartió un mensaje que decía: “¿Quiénes van a contar los votos?, Ellos se las robarán, a esperar sanciones”. 

Ese mensaje, según la Fiscalía, “tenía el propósito de provocar intranquilidad en la población y promover la abstención al voto como parte de una estrategia desestabilizadora provocando desobediencia”. 

Los procesos penales son calificados como “inconstitucionales” por organizaciones de derechos humanos, que recuerda el artículo 30 de la Constitución Política que establece: “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”.