Ortega nombra nuevo viceministro en Hacienda, pero mantiene en planilla a funcionarios sancionados

Daniel Ortega comenzó a nombrar los reemplazos de sus nuevos funcionarios sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el mismo día de las designaciones.

El primer cargo en cubrir ha sido el del viceministro de Hacienda y Crédito Público. Las funciones del sancionado viceministro José Adrián Montenegro Chavarría Ortega las trasladó a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, según el acuerdo presidencial 190-2021 publicado este miércoles en el diario oficial, La Gaceta.

Desde hace dos días es Gallardo Palaviccine quien tiene como competencias "la firma de todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además los documentos necesarios para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, y los derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional, previo cumplimiento de los procedimientos que correspondan", decidió el líder sandinista que enfrenta una escalada de acciones de presión luego que se asegurara la reelección mediante un proceso electoral que gran parte de la comunidad internacional ha calificado de fraudulento y antidemocrático.

El mismo acuerdo señala que el cargo asignado a Gallardo Palaviccine es "sin perjuicio de otros nombramientos de igual cargo y competencia en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público", lo que significa que esa cartera asumirá el costo salarial de los funcionarios limitados por las sanciones.

MINISTRO Y VICEMINISTRO DE HACIENDA SANCIONADOS

El Tesoro designó al viceministro José Adrián Montenegro Chavarría, porque al escalar al cargo cuando fue sancionado el titular de Hacienda Iván Acosta, “organizó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y los intereses en bienes de los designados que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. La normativa de la OFAC, además, prohíbe, en general, todas las operaciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas o designadas.

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El alcance de esa medida imposibilita que los designados, en su calidad de funcionarios públicos puedan asumir las funciones asociadas a su cargo, convirtiéndose en cargos decorativos.

Según el documento oficial, Ortega tomó la decisión el 15 de noviembre, el mismo día en que Estados Unidos anexó al Ministerio Público y otros nueve funcionarios del régimen en su lista de sancionados por ser cómplices o colaboradores de la represión y la farsa electoral en Nicaragua.

NOMBRAMIENTOS PENDIENTES

Con un abultado número de sus fichas de confianza sancionados en su gabinete, poderes del Estado, instituciones de Gobierno y otras dependencias públicas, Daniel Ortega asigna y reasigna cargos para maniobrar al impacto de las sanciones internacionales que lo llaman a frenar el rumbo dictatorial de su administración, restituir los derechos y libertades, frenar la represión y persecución, procurar elecciones libres y liberar a todos los presos políticos.

La OFAC también sumó como sancionados al presidente ejecutivo de Enatrel y ministro de energía y Mina, Salvador Mansell; el excontralor Luis Ángel Montenegro Espinoza, superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), al presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda Méndez; al gerente de la Distribuidora Eléctrica Disnorte y Dissur, Rodolfo Francisco Gutiérrez López; y a Mohamed Mohamed Farrara Lashtar, designado como embajador de Nicaragua en Jordania en calidad de concurrente con sede en la ciudad de Kuwait, Estado de Kuwait.

En la lista fueron también incluidos los alcaldes del FSLN Leónidas Centeno (Jinotega), Francisco Valenzuela (Estelí) y Sadrah Zeledón (Matagalpa).

La designación de los reemplazos de los funcionarios cuyas responsabilidades impliquen funciones financieras es una tarea pendiente que tiene Ortega.

Tras la aprobación de la Ley Renacer, Washington ha dirigido un paquete de medidas de presión contra el régimen Ortega-Murillo. Además de las sanciones de la OFAC, el presidente Joe Biden prohibió la entrada a Estados Unidos a todos los funcionarios del régimen de Daniel Ortega “responsables de políticas o acciones que atenten contra la democracia en Nicaragua”.

La lista de personas afectadas por la medida la encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo y es extensiva para todos sus colaboradores y sus familiares directos.