En cuestión de horas la Renacer podría ser ley

Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la víspera de las votaciones para su reelección, amanecen este viernes con el trago amargo de la llegada de la Renacer a la Casa Blanca. Es cuestión de horas, han dicho fuentes del Congreso que patrocinan el texto jurídico que deja caer más presión sobre la dictadura de Nicaragua.

A 48 horas del llamado a las urnas en Nicaragua, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se espera que firme la Ley de Reforzamiento para la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral.

La legislación, aseguró la congresista María Elvira Salazar hará “rendir cuentas al régimen” y todos sus cómplices en la represión y la corrupción.

La firma del Biden es el último paso en el proceso de conformación de ley establecido.

LA RUTA DE LA LEY

La Ley Renacer fue presentada y promovida el 25 de marzo de 2021 por un grupo de senadores republicanos y demócratas encabezados por  Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y apoyado por los demócratas Tim Kaine, miembro de más alto rango y Presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Dick Durbin, Ben Cardin, Chris Murphy, y el republicano Marco Rubio.

La iniciativa fue aprobada, el 28 de julio, por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso y el 6 de agosto también la aprobó el pleno del Senado norteamericano. El primero de noviembre los senadores realizaron enmiendas técnicas para agilizar su aprobación en el pleno del Congreso, de donde el 3 de noviembre fue enviada a la oficina Oval para que el presidente Biden la rubrique y entre en vigor. 

ALCANCES DE LA LEY RENACER

Con 387 votos a favor, solo 35 en contra y 6 abstenciones, los congresistas dieron el sí a la Ley con la que el Gobierno norteamericano busca presionar a Ortega para que permita elecciones libres, detenga la represión y libere a los presos políticos.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, sentenció el senador Menéndez tras la aprobación promovida por él.

Agregó que “tomada junto con la Ley Nica Act y las rondas previas de sanciones selectivas de la administración Biden, la Ley Renacer solidificará el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Nicaragua y nuestra visión absoluta que Daniel Ortega y Rosario Murillo no tendrán ningún derecho legítimo al poder después de la pseudo coronación de su dictadura dinástica la próxima semana”.

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En ese sentido, la nueva legislación contra la dictadura de Ortega busca garantizar que en Nicaragua se realicen elecciones presidenciales libres y fiscalizadas y para ello se ejercerá más presión con sanciones económicas y migratorias dirigidas al círculo cercano al matrimonio dictatorial, incluyendo testaferros y familiares.

Las sanciones podrán ser aplicadas a funcionarios de la Policía, el Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, miembros y funcionarios del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional ( FSLN), subordinado a Ortega y Murillo,  además de personas o entidades financieras aliadas, señaladas de corrupción y la fiscalizaciones a préstamos de instituciones multilaterales hacia el país.

El cuerpo de la Ley también ordena coordinar sanciones internacionales con aliados diplomáticos como Canadá, la Unión Europea, gobiernos de América Latina.

Y entre los temas más relevantes, la Renacer ordena al Poder Ejecutivo estadounidense que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (DR- CAFTA) y la aplicación de sanciones bajo la sección 231 de la Ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones (CAATSA según  sus siglas en inglés).

Manda también a que los departamentos correspondientes rindan informes de Inteligencia sobre la influencia de Rusia en el país y para ello propone que Nicaragua sea agregada a la lista de “países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción”. 

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En lo referido a las sanciones, la Ley Renacer, apunta específicamente hacia las personas nacionales o extranjeras que directa o indirectamente obstruyan el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua:

• Funcionarios del gobierno de Daniel Ortega.
• Familiares de Daniel Ortega.
• Miembros de la Policía Nacional de Nicaragua.
• Miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua.
• Miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.

• Miembros de partidos y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares.

• Personas o entidades afiliadas a negocios involucrados en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, su partido o su familia.
• Personas identificadas en el informe como involucradas en actos significativos de corrupción pública en Nicaragua.

EL DR-CAFTA

Una de las enmiendas de última hora y que fue aprobada, solicita al Gobierno de Joe Biden que realice una revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (DR-Cafta por sus siglas en inglés). Eso significa un contundente golpe a la dictadura en materia económica.

Al respecto, la congresista María Elvira Salazar, tras la aprobación de la Ley advirtió a la dictadura de Nicaragua que hacer negocios con Estados Unidos “no es un derecho que tiene el dictadorzuelo Ortega, sino un privilegio”.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL A LA DICTADURA

En cuanto a las restricciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua, la Ley Renacer ordena "mayor control de recursos para el régimen", al expandir la supervisión de los préstamos de instituciones multilaterales internacionales a Nicaragua, y reafirma las excepciones humanitarias.

"Es el sentido del Congreso que el secretario de Hacienda debe tomar todas las medidas posibles, incluyendo mediante la plena implementación de las excepciones para asegurar que las restricciones no impacten negativamente las necesidades humanas básicas del pueblo de Nicaragua", establece la Ley.

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Para ello, ordena que la supervisión sea ejercida por los directores ejecutivos de EE. UU., en cada institución financiera internacional tanto del Grupo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, deben rendir informe de cualquier préstamo y asistencia financiera y técnica proporcionada por instituciones financieras internacionales para proyectos en Nicaragua.

Finalmente, en materia de combate a la corrupción de la dictadura Ortega-Murillo, la norma manda a que la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, en coordinación con el director de Inteligencia Nacional, informen al Congreso sobre actos importantes de corrupción pública en Nicaragua que involucran a Ortega, miembros de su familia y altos funcionarios de su gobierno.