Ponen "orejas" en penales para vigilar a presos políticos a una semana de la reelección de Ortega y Murillo

Con el inicio del conteo regresivo del proceso electoral más viciado de la joven democracia nicaragüense, en las cárceles donde están recluidos más de 150 opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha puesto en marcha un plan de vigilancia extrema.

“Por la paranoia que envuelve a Daniel Ortega y el temor a que surjan protestas durante las elecciones, se ordenó vigilar a los presos políticos y la estrategia que se está implementando es ponerles reos comunes en sus celdas”, confió a DESPACHO 505 una fuente cercana al Sistema Penitenciario "Jorge Navarro" de Tipitapa.

Explicó que esta acción es parte de un plan de asedio e intimidación contra opositores, defensores y periodistas independientes que intenten desafiar la política de silencio impuesta por el orteguismo y que pretenden intensificar a medida se acerca el día decisivo para la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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La información también la confirmó a este medio, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos que asegura que el objetivo del régimen es evitar a toda costa que los presos políticos o la oposición se organice y se produzcan manifestaciones en repudio al proceso electoral, durante la jornada de votaciones.

“Para mantenerlos vigilados les han llevado presos comunes a sus celdas o los transfieren a las de ellos, para que escuchen sus conversaciones e informar a los funcionarios del Sistema Penitenciario si están o no tratando de realizar acciones de protesta en rechazo a las elecciones”, comentó un familiar de un reo de conciencia.

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LOS CASOS "REBELDES" VAN A CELDA DE MÁXIMA SEGURIDAD

De acuerdo con el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, además de transferirlos a celdas donde hay "orejas" que alerten de cualquier intento de rebeldía, los presos políticos están recibiendo maltrato físico y sicológico. A quienes consideran como "casos rebeldes" los están enviando al pabellón de máxima seguridad conocida como "la 300 o El infiernillo", para que no tengan contacto ni comunicación con los otros presos políticos.

La organización defensora de reos políticos considera que la dictadura ha ordenado incrementar el asedio y hostigamiento en contra de presos políticos, opositores, y periodistas independientes, como una respuesta a la campaña que invita a los nicaragüenses a un paro electoral el día 7 de noviembre.

Un opositor que pidió omitir su nombre por temor a represalias, expresó que la campaña que invita a quedarse en casa el día de las elecciones “tiene a la dictadura estresada".

"En represalia han ordenado incrementar los asedios contra opositores y vigilar a la vez a los presos políticos para que nadie se manifieste desde las cárceles ni de ningún otro punto de Nicaragua, pero también han apostado a intimidar al periodismo independiente, para que no brinde cobertura a la farsa electoral y hacer creer con sus medios oficiales que fueron legítimas”, aseguró un opositor.

CÁRCEL Y PERSECUSION

El proceso electoral que ha entrado a su fase final se ha desarrollado en un ambiente de tensión, desde el pasado 28 de mayo el régimen de Daniel Ortega ha emprendido una ola de arrestos que tiene bajo detención a 39 líderes de la oposición, siete de los cuales habían manifestado su interés de postularse como candidatos a la Presidencia.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, dio a conocer el 29 de octubre, en su último informe que el número de reos de conciencia aumentó a 159.

Los últimos arrestos fueron los de Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“Las detenciones de manifestantes, activistas, personas opositoras y liderazgos políticos de la disidencia son parte de la estrategia represiva del régimen, que dadas sus dimensiones y alcances territoriales, puede entenderse de carácter sistemático y generalizado a nivel nacional”, explicó el organismo en su informe.

El Mecanismo también denunció que la represión y persecución se extiende a los familiares de los presos políticos. Hasta la fecha el organismo conoce de al menos seis casos de familiares que han sido víctimas de retención migratoria y el retiro de pasaportes por tiempo indefinido. Además, dos cónyuges de presos políticos están siendo judicializadas y criminalizadas por pedir la liberación de sus esposos.